La oposición de Alicante pide al fiscal que investigue los contratos del PP
La decisión del fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, de abrir diligencias de oficio para aclarar un expediente administrativo presuntamente irregular tramitado en el Ayuntamiento que dirige Luis Díaz Alperi, sirvió ayer de base a los grupos de la oposición para reclamar a la fiscalía una actuación idéntica en casos más graves denunciados en los últimos tres años, ante los que no ha actuado ni siquiera cuando ha sido reclamada su intervención por una parte afectada.
El fiscal se ha decidido a aclarar los trámites para alquilar un local que iba a ser destinado a sala de exposiciones después de que el contrato fuera revocado la semana pasada por el mismo Ayuntamiento. Las sospechas sobre el posible trato de favor que hubiera recibido un médico, propietario del local al que se atribuyen lazos de amistad con el concejal de Cultura, Pedro Romero, del PP, y la presión de la oposición forzaron a dar marcha atrás. Representantes del PSPV, EU y NE coincidieron en aplaudir la decisión del fiscal, y también en recordar a la fiscalía su obligación de actuar cuando le llegan casos más flagrantes, como la presunta violación de los derechos humanos por parte de unos agentes de la Policía Local, acusados por otro compañero de maltratar a un inmigrante. La portavoz del PSPV, María Ángeles Palmer, insistió en la necesidad de que Romero asuma su responsabilidad política. "Si el fiscal abre diligencias es porque hay sospechas más que razonables de la comisión de un delito, y alguien tendrá que responder por ello", señaló. Palmer recordó que ahora se ha producido la primera intervención de oficio del fiscal: "Yo le recuerdo otras contrataciones dudosas tramitadas por el departamento de Servicios Técnicos, la escandalosa contrata de la plaza de toros, las agresiones policiales o los casos Repreca y Alivacsa, ante los que no actuó, y por eso le instamos a que revise todos esos casos". EU no ocultó su satisfacción por la investigación de la fiscalía, "que en esta ocasión ha demostrado una prontitud que debemos celebrar ante una posible conducta delictiva", dijo la portavoz Camino Remiro. "Ha habido otras ocasiones", añadió, "en que el fiscal debió actuar y no lo hizo". De similar forma se pronunció el portavoz de NE, Pablo Rosser. Para Rosser se trata de una lucha intestina del propio PP: "Está claro que el PP no necesita a la oposición para acabar en los tribunales". El presidente de la Diputación, Julio de España, manifestó, por contra, que la fiscalía "debe aplicar criterios uniformes" y no actuar "por presiones".
