El PSOE pide una investigación completa sobre los funcionarios del caso de la sauna

Madrid - 09 sept 1998 - 00:00CEST

La imputación de un supuesto delito de cohecho por parte del juez a cuatro funcionarios municipales implicados en el caso de la sauna gay Paraíso [véase EL PAÍS de ayer] ha hecho movilizarse a la oposición en el Ayuntamiento. Juan Barranco, portavoz del PSOE, aseguró ayer que va a exigir al alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, una auditoría de todas las licencias otorgadas por estos técnicos supuestamente corruptos en 1996 y 1997. "Mañana [por hoy] solicitaré al alcalde, además de los expedientes que se incoaron por parte del Ayuntamiento a estos funcionarios cuando saltó el caso de la sauna, todas las licencias que estos funcionarios han tramitado en los últimos años porque lo que han hecho una vez pueden haberlo hecho otras", dijo ayer Barranco.El caso de la sauna gay Paraíso, situada en el número 15 de la calle de Norte, saltó el 10 de junio de 1996 cuando la policía precintó el local porque carecía de la licencia correspondiente. El propietario, Francisco Herrero, denunció entonces en un juzgado la existencia de un grupo de empleados municipales que le habían pedido dinero (hasta tres millones) para evitar que la policía le cerrara el negocio aunque no tuviera todos los permisos en regla. El concejal socialista Eugenio Morales aseguró ayer que el caso de la sauna no es un asunto aislado en el distrito de Centro. "A mí me consta que existen comerciantes que denuncian extorsiones de funcionarios para mantener abiertos sus negocios a cambio de dinero", aseguró Morales. Y añadió: "Pero no tengo pruebas, por eso no he enviado las denuncias a un juzgado, que es lo que hay que hacer". Morales considera que el distrito de Centro es un terreno abonado para estas maniobras corruptas dada la ingente cantidad de expedientes que se manejan y el escaso número de funcionarios destinados ahí. El edil solicitará a la edil de Centro la relación de los expedientes tramitados por la Junta de Centro en 1996 y 1997 "para ver los que están en los cajones dormidos, que pueden ser los más suceptibles de atraer corrupción".

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Red de corrupción

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El caso de la sauna saltó cuando Herrero denunció ante el juez una red de funcionarios corruptos que cobraban por mantener abiertos locales sin licencia. Según el relato del juez, Carmelo García Sánchez ofreció al dueño del local evitar la clausura de su establecimiento "a cambio de 500.000 pesetas en efectivo y otras 500.000 cada tres meses, cantidades que Herrero debía entregar a Jerónimo Martínez Fuentes, funcionario de Conservación de Edificaciones de la Gerencia de Urbanismo".En el mismo auto se relaciona a Herrero con otro funcionario, Juan Bautista Beltrá, y con el delineante Jerónimo Martínez Fuentes para evitar el precinto de otro local, la sauna Príncipe, a cambio de dinero. El tercer caso que describe el juez, que fue denunciado inicialmente por Herrero cuando la policía precintó la sauna de la calle del Norte, implica al gerente de la empresa TUV, Reinhart Max Kraege, que tenía problemas con las licencias municipales para abrir su negocio. Por "su mediación, encaminada a la obtención de la licencia", según el juez, Kraege pagó a Carmelo García Gómez 5.050.000 pesetas. El cheque iba a nombre del ingeniero Francisco Garrido, que supuestamente firmó una mejora inexistente en el local. Por este proyecto Garrido se quedó con 400.000 pesetas, y dio el resto a "Antonio Ramírez Rodríguez, jefe de sección de industria de la junta de Moncloa, para que lo hiciese llegar a Carmelo García, que estaba de vacaciones".

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Sobre la firma

Antonio Jiménez Barca

Es reportero de EL PAÍS y escritor. Fue corresponsal en París, Lisboa y São Paulo. También subdirector de Fin de semana. Ha escrito dos novelas, 'Deudas pendientes' (Premio Novela Negra de Gijón), y 'La botella del náufrago', y un libro de no ficción ('Así fue la dictadura'), firmado junto a su compañero y amigo Pablo Ordaz.