Los fiscales Ortiz Úrculo y Gordillo, citados a declarar como testigos en el "caso Liaño"

El ex fiscal general del Estado Juan Ortiz Úrculo y su entonces subordinado en la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo han sido citados a declarar, en calidad de testigos, en la causa que se tramita en el Tribunal Supremo contra el juez Javier Gómez de Liaño por tres delitos de prevaricación. Ortiz Úrculo deberá explicar ante el juez instructor, el magistrado Joaquín Martín Canivell, las órdenes que impartió por escrito a Gordillo, cuando éste era el fiscal encargado de la causa sobre Sogecable, y el grado de cumplimiento de las mismas por parte del fiscal de la Audiencia.

Ambos fiscales han sido citados para el próximo día 11. Primero declarará Ortiz Úrculo, a las 9.30 horas, y luego, Gordillo. La comparecencia se realiza a petición del propio Gómez de Liaño y de la Asociación de Estudios Penales, que dirige el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, tras la declaración prestada por Eduardo Torres-Dulce, fiscal jefe de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía del Estado.Este fiscal explicó que elaboró a petición del entonces fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, un informe a propósito de la denuncia y la querella iniciales contra Sogecable. Y añadió que de aquellos documentos no se desprendía la existencia de delito alguno, como así se hizo constar en el informe, que sirvió de guía de actuación mientras Úrculo estuvo al frente de la Fiscalía del Estado.

También declaró que, como consecuencia de ese informe, el fiscal del Estado ordenó por escrito en dos ocasiones a Gordillo que no pidiese medida cautelar alguna contra los imputados en la causa y que además se opusiese a las que solicitasen las otras partes.

Torres-Dulce, número tres de la Fiscalía, declaró que Gordillo había desobedecido las órdenes de Ortiz Úrculo al solicitar la imposición de una fianza de cinco millones de pesetas al socio auditor de Arthur Andersen José Antonio Rodríguez Gil. El fiscal tenía instrucciones de no adoptar ninguna medida sin consultar con el fiscal general del Estado.

Gordillo alegó que el informe de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía era muy preliminar y que en las actuaciones sumariales se estaba realizando un informe pericial de gran trascendencia. Sin embargo, este informe realizado por los peritos de Hacienda designados por el juez Gómez de Liaño reconocía también la inexistencia de los delitos de apropiación indebida y estafa, las principales acusaciones que figuraban en la querella contra Sogecable.

Torres-Dulce añadió que, como Gordillo no cumplió las órdenes recibidas,hubo que reiterarle las instrucciones recordándole que no podía pedir medidas cautelares contra ninguno de los imputados.

Torres-Dulce precisó ante el juez Martín Canivell que nunca había visto órdenes tan duras como las que se impartieron a Gordillo, precisamente porque éste había desobedecido.