La campaña de Salvem el Benacantil arranca con 1.000 firmas

Aunque las mesas de recogida de firmas no se instalarán hasta el día 12, los integrantes de la plataforma cívica Salvem el Benacantil, creada el 10 de agosto para impedir la construcción del futuro Palacio de Congresos de Alicante en la ladera norte del monte Benacantil y solicitar una consulta popular, ya recibieron el martes el apoyo de un millar de alicantinos. Otras 4.000 firmas están pendientes de su validación para exigir la consulta.

Alrededor de un centenar de personas participaron ese día en la semanal asamblea general de la plataforma, en la que en apenas 20 días de funcionamiento se han integrado los sindicatos CC OO y UGT, grupos ecologistas, asociaciones de vecinos, entidades culturales y los partidos PSPV, EU, NE, UV y el Bloc Progresista. Todos ellos se comprometieron a recoger las 20.000 firmas necesarias para forzar una consulta popular, para la que se exige el apoyo de al menos del 10% del censo electoral, y de cuya organización se debería encargar el propio Ayuntamiento. Entre los acuerdos adoptados destaca desplegar una labor informativa por toda la ciudad que incluirá a los diferentes sectores empresariales (los más interesados en que se construya el Palacio de Congresos), y las organizaciones o particulares integrados en el Consejo Local de Turismo, órgano que hace meses dio el visto bueno a la construcción en el Benacantil. La idea consiste en extender lo más rápidamente posible la tesis de que el edificio afectaría al medio ambiente del Benacantil y violaría el área de influencia de la fortaleza de Santa Bárbara, un bien de interés cultural protegido por las leyes. El día 12 se celebrará una concentración para protestar por los planes del PP, que se mantiene firme en su propuesta de construir el palacio en ese lugar. Ese mismo día comenzará la distribución masiva por la ciudad de lazos naranjas, símbolo asumido para la defensa del monte y la exigencia de celebrar la consulta popular. El día 19 se instalarán mesas para recoger firmas, y se hará llegar a los electores octavillas que explican las características del proyecto y su grado de afección sobre el paraje natural urbano. Mientras el movimiento ciudadano crece, la lucha contra el proyecto de Palacio de Congresos mantiene otro frente en la misma institución municipal, en la que los partidos de la oposición insisten en reclamar el informe que preceptivamente debe emitir la Dirección General de Patrimonio, dado que la actuación afectaría al castillo de Santa Bárbara. El concejal Pablo Rosser, de Nova Esquerra, se mostró ayer firmemente convencido de que ese informe será negativo. "Por eso no llega nunca", declaró. Rosser, arqueólogo de profesión, aseguró que el proyecto contraviene la Ley del Patrimonio Histórico y la ley valenciana de conservación del patrimonio cultural. Ambas normativas establecen un perímetro de protección para todos los bienes de interés cultural.