El RPR pide una nueva ley de financiación de los partidos franceses

Hay remedios que son peores que la enfermedad. Philippe Séguin, actual presidente de la neogaullista Unión por la República (RPR), ha querido salir en defensa del ex primer ministro Alain Juppé -"un hombre honesto"- sin criticar al juez que le procesa -"aplica la ley"-, y para ello ha pedido una ley que permita borrar todos los delitos cometidos entre 1988 y 1995, "siempre que no haya existido enriquecimiento personal".Séguin, como tres días antes Juppé, olvida que en la ley de financiación de los partidos de 1990 ya quedaba claro que en ningún caso las arcas municipales debían servir para financiar la actividad política de los funcionarios del partido. En 1990, el propio Séguin criticó la ley de amnistía porque consideraba que, ante los ojos de la ciudadanía, los políticos se autoconcedían un perdón injusto.

Pidiendo una amnistía encubierta, no trata tan sólo de defender a Juppé, sino también de colocar al presidente de la República al margen de la ley. "No es un ciudadano como los demás", afirma Séguin, que considera que el procesamiento de Jacques Chirac por hipotéticos delitos cometidos cuando era alcalde de París "no tendría fundamento constitucional". La abundancia de afirmaciones y la ausencia de razones transmiten sensación de pánico. Y pánico debe haber entre las filas neogaullistas cuando las contradicciones de su defensa son tan evidentes. Juppé niega la existencia de falsos empleos, pero a continuación admite que en el RPR "hubo irregularidades" -no precisa cuáles-, para acabar recordando que la ley, entre 1988 y 1995, no era clara.

Otros tenores de la derecha, como los ex ministros Hervé de Charette o Eric Raoult, creen que la mejor defensa es un buen ataque y evocan los "6.000 empleos de profesor al servicio de los sindicatos" de los que se supone se beneficia la izquierda. El exprimer ministro Édouard Balladur, por su parte, aunque miembro del RPR, se desentiende de la crisis.