Paralizadas las expulsiones de los 17 ecuatorianos residentes en Totana

Ninguno de los 17 ciudadanos ecuatorianos residentes en Totana (Murcia), con expedientes de expulsión abiertos, serán repatriados por el momento, según el compromiso establecido ayer por el delegado del Gobierno en Murcia, José Joaquín Peñarrubia, ante la plataforma de apoyo a este colectivo, sindicatos y el Ayuntamiento. La Administración, en palabras de Peñarrubia, estudiará con "cariño y humanidad" caso a caso, aunque el delegado advirtió que no se puede hablar de soluciones rápidas o fáciles.

En el encuentro se concretó también la voluntad de la Administración de abordar el caso de los otros cientos de ecuatorianos (500 según las ONG y 300 según el Ayuntamiento) que viven en lalocalidad murciana y que en buen número carecen de permisos de residencia y de trabajo. Peñarrubia insistió en que es prematuro hablar de las vías para solventar el problema y añadió que todo se hará bajo el más estricto respeto a la ley. Recordó que desde que fueron detenidos los 17 ecuatorianos por residencia ilegal -"y que no fueron trasladados al centro de internamiento de extranjeros, sino que quedaron en libertad"- se inició un expediente al que los afectados han presentado alegaciones y que cuando se resuelva podrán, en su caso, recurrir por la vía contencioso-administrativa. Una comisión de seguimiento, integrada por representantes de la plataforma y de los sindicatos, seguirá la tramitación de todos los expedientes. Peñarrubia modificó el tono empleado el martes por la delegación del Gobierno, cuando señalaba en un comunicado que era "extraño" que se pidiera una regularización después de que se había cerrado el contingente de 1998. Ayer mismo, en un artículo publicado en el diario La Verdad de Murcia, Peñarrubia advertía: "Lo que no parece razonable es que se me pida a mí que me olvide de cumplir la ley, ni mucho menos que ordene a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo hagan. Si la Ley Orgánica 7/1985 y su reglamento necesitan ser reformados es a otras instancias políticas a quienes les toca decidir".

Evitar la picaresca

El alcalde de Totana, Juan Morales, del Partido Popular, señaló que se ha abierto una vía para regularizar la situación del colectivo de inmigrantes ecuatorianos, aunque añadió que las administraciones estarán atentas para evitar, tanto la picaresca de algunos empresarios que se quieran aprovechar de la situación, como la llegada de otros inmigrantes que buscan legalizar su situación al amparo del movimiento de solidaridad nacido en Totana. Morales dijo que tras conocerse el caso por los medios de comunicación había constatado la llegada de más inmigrantes a la zona. Por su parte, el adjunto primero del Defensor del Pueblo, Antonio Rovira Viñas, envió el pasado martes un escrito al delegado del Gobierno en Murcia en el que solicita que éste no adopte ninguna resolución sobre los ecuatorianos sin comunicarla antes a esta institución. Rovira, a partir de una queja presentada por el presidente de la Asociación contra el Racismo y para los Asilados y Refugiados (ACRARE), pide al delegado del Gobierno toda la información y las posibles soluciones, entre ellas la oferta de empleo hecha por una empresa de trabajo temporal de la región.

Paola Ramírez, representante de la comunidad ecuatoriana, calificó el encuentro de positivo, tanto en lo relativo al caso de los 17 inmigrantes a los que se abrió expediente de expulsión como por el compromiso de abordar la situación del resto del colectivo de inmigrantes. El cónsul de Ecuador, Manuel Arízaga, afirmó que en la embajada de Ecuador en España no se puede hacer nada para facilitar la regularización de sus conciudadanos, ya que la ley de Extranjería es rigurosa en el trámite de obtención del visado, que debe expedirse en el país de origen.

El cónsul cifra en unos dosmillares el número de inmigrantes ecuatorianos residentes en la comunidad de Murcia.