Las víctimas del derrumbe de Patraix responsabilizan al Ayuntamiento

Los familiares de varios de los obreros fallecidos o heridos en el desplome de la finca que rehabilitaban en el barrio de Patraix, en Valencia, el pasado 5 de agosto reclamarán ante los tribunales la responsabilidad del Ayuntamiento en el accidente. Los letrados que representan a Pedro Macario García, que resultó herido, y a los hermanos Jorge y Alejandro Cañadas Montes, herido y muerto respectivamente, se personarán hoy como acusación particular en las diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia.

Los abogados coinciden con la tesis de la oposición municipal del PSPV y Esquerra Unida (EU) de que el Ayuntamiento de Valencia no actuó correctamente, por la ausencia de inspecciones. "Las obras comenzaron ocho días antes del siniestro, el 28 de julio, y en todo ese tiempo ningún policía local y ningún técnico se percató de que estaban en marcha sin licencia, a pesar de que en la acera tenían dos contenedores llenos de escombros, a la vista de todos", protestan los letrados. También reprochan que la petición de licencia se realizó el 29 de julio y que en los siete días siguientes el Consistorio se mantuvo pasivo y sus inspectores "ni se personaron en el lugar". Estos letrados se unen a los de UGT, que se personaron en representación de Antonio Bonaire, uno de los obreros muertos, y a los de CC OO que actúan como acusación popular. Tras personarse en la causa, los letrados de la acusación particular solicitarán que se practiquen diversas pruebas para conocer la posible responsabilidad del Ayuntamiento. "Queremos que nos detallen", precisa, "el nombre del funcionario que se encargó del tema, el tipo de obra que se iba a realizar, la causa del desplome, los requisitos previos que se debían cumplir y qué marcan las ordenanzas". Los letrados de los albañiles afectados sostienen que QFC está implicada en un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores al no disponer los medios adecuados para que no corriera riesgos la vida de los obreros. "Trabajaban sin guantes, ni cascos, la finca no estaba apuntalada, se realizó una obra de mucha más envergadura de la que estaba prevista y no se había realizado ningún proyecto riguroso ni se había contado con el asesoramiento de arquitectos ni aparejadores", denuncian, y advierten que el delito está penado con condenas de seis meses a tres años de prisión y multas elevadas. Supuesta imprudencia Además, la acusación particular defiende que la empresa QFC puede haber cometido otro delito de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones. De forma paralela a la vía penal, la empresa QFC se ha visto inmersa en un expediente, abierto por la inspección de Trabajo, que le puede deparar otra sanción económica elevada si se demuestra el supuesto incumplimiento de las normas de seguridad que se le imputa. Las declaraciones de Pedro Macario García y Jorge Cañadas Montes ante el inspector de Trabajo y el Gabinete de Higiene y Seguridad en el Trabajo dejan a la constructora en una posición complicada. Según la acusación particular, estos albañiles heridos han declarado que la planta baja y la primera planta estaban totalmente diáfanas y desprotegidas en el momento del accidente. "El edificio estaba prácticamente en el aire, sin punto de apoyo", aseguran, "porque las plantas inferiores apenas tenían una columna y un muro que no aguantaba nada". Los obreros también declararon, según los letrados, que en el suelo del primer piso habían hecho varios agujeros para bajar los escombros sin llamar la atención, lo que debilitó aún más la precaria estructura de la finca. Sobre la situación laboral de algunos albañiles, como Pedro Macario García, ni él mismo ni la mutua que le ha prestado la atención sanitaria conocen en estos momentos si este obrero tenía contrato en vigor y si estaba dado de alta en la Seguridad Social en el momento del accidente. A pesar de que estaba trabajando en la obra desde el 3 de agosto. Ni siquiera el gerente de la empresa QFC, Francisco Ferrer, ha podido confirmar si Pedro Macario y Bonaire, estaban dados de alta.