IU y el PP respaldan a la Junta andaluza en su pulso urbanístico con Gil

Partido Popular e Izquierda Unida aparcaron ayer sus diferencias con el PSOE en Andalucía y manifestaron de forma clara su respaldo a la Junta frente a las andanadas del alcalde de Marbella, Jesús Gil, tras el veto que la Comisión Provincial de Urbanismo dio al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio hace casi un mes. Ambas formaciones coincidieron en que la decisión de Gil de obviar esa resolución y dar la aprobación definitiva al planeamiento -pese a que ésa es una competencia autonómica- crea una inseguridad jurídica intolerable.

El coordinador regional de IU en Andalucía, Antonio Romero, fue categórico: "La Junta lleva la razón en lo del PGOU". El dirigente instó a los promotores a "no seguir a este aventurero" [por Gil] porque se arriesgarían a que en el futuro fueran demolidas sus construcciones. Romero recordó que la aprobación definitiva del plan es competencia de la administración autónoma: "Marbella no puede ser el cortijo de Jesús Gil".El coordinador de IU argumentó que la actitud de Gil de desoír el dictamen de la comisión supone un agravio comparativo hacia aquellos municipios que se han visto obligados a corregir su plan. Romero, que no suele ahorrar críticas hacia el Gobierno regional, defendió esta vez sin fisuras la postura asumida por la Junta: "La intención de Gil de convocar una manifestación en Sevilla es una chulería impresentable".

Desde el PP, las declaraciones fueron algo más medidas, pero también quedó claro su desmarque de la actitud de Gil. Diego Maldonado, futuro candidato a la alcaldía marbellí por el PP, llamó a Gil a reconsiderar su actitud: "Si los expertos han dictaminado que el PGOU no se atiene a la legalidad vigente, el Ayuntamiento debe corregirlo. Si yo estuviera en su lugar, acataría lo que dice la ley. Los técnicos de la Junta me merecen un enorme respeto y, mientras no se demuestre lo contrario, quien tiene la razón es quien aplica la ley".

Maldonado lamentó la inseguridad jurídica que provoca el desacato de Gil al dictamen de la comisión y vaticinó que derivará en un parón de la actividad urbanística que perjudicará al municipio. "Lo deseable es que nos dejemos de personalismos y crispación, que se reconduzca la situación para que se apruebe un plan general que permita el desarrollo de Marbella. El Ayuntamiento debe llegar a un entendimiento con la Junta para que no resulte perjudicada la ciudad. La solución no pasa por una manifestación de vecinos de Marbella en la puerta de la Junta, sino por corregir aquellos aspectos [del PGOU] que la comisión no ha considerado correctos", dijo.

Por otra parte, la plataforma de vecinos que discrepa de Gil ha pedido al fiscal que actúe de oficio contra el alcalde por prevaricación. Inmaculada Gálvez, portavoz de la coordinadora, justificó la denuncia contra el alcalde "porque tenía suficiente asesoramiento jurídico para saber que estaba invadiendo competencias". La plataforma ha presentado ya 67 denuncias en los juzgados de Marbella por licencias de obras concedidas por el equipo de Gil.

El PGOU de Marbella fue aprobado el pasado día 7 en un tumultuoso pleno nocturno convocado por Gil del que se ausentaron todos los grupos de la oposición, salvo el PP, que se abstuvo a la hora de votarlo.