Nadie quiere más de 100.000 millones

Algunos concluyen que en el mercado financiero japonés se producirá el efecto Wimbledon. Se jugará un buen torneo, pero sin participantes locales.Con las crisis de Yamaichi y Hokkaido sangrando, la amenaza de otras nuevas y el temor al pánico financiero, el Gobierno, entonces encabezado por Ruytaro Hashimoto, decidió en febrero ayudar con dinero público al sector financiero y aportar 30 billones de yenes.

Las nuevas garantías ya funcionan, pero de los 13 billones previstos para inyecciones de capital sólo se han dispuesto 1,8, en la sorprendente forma de partes alícuotas: 100.000 millones de yenes para cada uno de los seis grandes bancos. Nadie quería ser el primero en recibir o recibir más que otros. Por eso todos piden lo mismo (ver cuadro).

Se apremió al banco más potente, el Tokyo-Mitsubishi, a que fijase su petición, y luego todos la copiaron. Ni se ha premiado a los bien gestionados ni se ha castigado a los mal gerenciados, sino todo lo contrario.

"Bancos-puente"

El segundo paso para el reflotamiento de la banca empieza ahora, con la discusión parlamentaria de la ley de los bancos-puente, una variante del Fondo de Garantía de Depósitos español. Su esquema, en síntesis, es el siguiente: el banco en apuros pasa a ser administrado por el sector público, si no se ha conseguido venderlo al privado; un banco-puente transitorio, de capital público, lo absorbe; pasa los créditos fallidos a un colector o sumidero pagado por la Administración, mantiene los préstamos buenos e inyecta capital para mantener la actividad crediticia a los clientes; al cabo de cinco años, restablecido el equilibrio patrimonial, el banco-puente se vende en el mercado, o recala definitivamente en el sector público si no encuentra comprador.Los primeros borradores del proyecto de ley (en realidad, seis textos) ahora en curso levantaron polémica. Las críticas se cebaron en que no establecen criterios tajantes para discriminar créditos buenos y malos. Peor aún, normas recientes autorizan a las entidades a contabilizar los activos a sus precios históricos, aunque estén inflados, y no a los de mercado. El esquema confiere al criterio del primer ministro, y no a una autoridad técnica, la autorización que desencadena el acogimiento de un banco en crisis al esquema reflotador. Tampoco especifica claramente la responsabilidad de los accionistas, reduciendo el valor de sus acciones, a un yen en el caso límite, algo que sí propone la oposición. Y configura una maraña de agencias oficiales, con responsabilidades a veces solapadas, que dificultan las decisiones y permeabilizan el sistema a todo género de influencias.