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El Poder Judicial cree que la "llamativa" idea de González no coaccionará al Constitucional

Benigno Varela, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), calificó ayer de "llamativa" la decisión del ex presidente del Gobierno Felipe González de participar en la defensa jurídica ante el Tribunal Constitucional de sus antiguos subordinados José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el Supremo en el caso Marey, y negó que dicha actuación pueda "coaccionar" a los miembros del Tribunal Constitucional. Por otra parte, el ex alto cargo policial Francisco Álvarez pidió ayer el indulto total de sus nueve años y medio de condena porque, según alega, cumplía órdenes del Gobierno.

El magistrado Varela, aún cuando manifestó que no comentaría la iniciativa de González, al que atribuyó el deber de valorar las "repercusiones políticas" de la misma, aseguró que este hecho no puede coaccionar a los miembros del Constitucional. El portavoz del CGPJ calificó de "llamativa" esa decisión por tratarse de una persona "que está alejada de las tareas jurídicas desde hace mucho tiempo". En cuanto a la supuesta presión de la presencia de González sobre el Tribunal, Varela indicó: "Conociendo a los miembros del Tribunal Constitucional, sé que son personas que actúan con independencia y en modo alguno se pueden sentir coaccionados porque exista un defensor de las características de González".Dos de los magistrados del Tribunal Supremo que juzgaron el caso Marey, Enrique Bacigalupo y Joaquín Martín Canivell, negaron ayer cualquier tipo de presión. Bacigalupo eludió en Almería todas las cuestiones relativas a la sentencia del secuestro de Segundo Marey, salvo una, a la que respondió claro y escueto: "No he recibido presiones", informa Tereixa Constenla. El juez rechazaba así las acusaciones lanzadas desde filas del PSOE sobre supuestas influencias políticas ante el tribunal para condenar a exaltos cargos socialistas. "No he recibido ninguna clase de insinuación, ni del poder ejecutivo ni del poder legislativo. Desde mi perspectiva personal, mi libertad ha sido absoluta", concluyó.

Bacigalupo, que emitió uno de los cuatro votos particulares contrarios a la sentencia condenatoria, considera que la participación de González en la defensa de Barrionuevo y Vera ante el Constitucional es legítima: "Tengo entendido que haber sido presidente del Gobierno no le debe haber quitado el derecho de ejercer como abogado".

En esa línea, Martín Canivell, que acudió a Alcalá de Henares a causa de la muerte de su colega Ramón Montero, negó toda presión en el caso Marey y aseguró que un letrado puede trabajar "donde y cuando quiera", en referencia a González.

En cambio, desde las asociaciones de jueces y de fiscales mayoritarias y conservadoras, se criticó la decisión de González. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, la comentó como "una huida hacia adelante y una bomba de humo para no asumir sus responsabilidades y sí cargarse la sentencia". El portavoz de la Asociación de Fiscales, Miguel Colmenero, aseguró que un país funciona con normalidad cuando cada uno se dedica a lo que le corresponde.

Críticas de PP e IU

Por su parte, el PP, IU y otros partidos, continuaron ayer las críticas a González. Rafael Hernando, portavoz de comisiones del Grupo Popular, aseguró que el PP está convencido de que González pretende "presionar políticamente" al Constitucional porque "no es razonable" que un ex presidente del Gobierno, que participó en la elección de los miembros de ese tribunal, defienda un recurso ante ese órgano.Pablo Castellano, portavoz de Justicia de IU en el Congreso, insistió en esa idea: "El letrado González va a defender a los gobiernos de González ante un tribunal elegido por González". [Los 12 miembros del Tribunal Constitucional se eligen cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ]. Castellano aseguró que "hay motivos suficientes, éticos y legales, para que más de cinco miembros del Tribunal Constitucional se inhiban (...) por afinidad ideológica e íntima amistad con Felipe González".

El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, recordó que el PSOE se negó cinco veces a una comisión parlamentaria sobre los GAL, y reprochó a González que remitiera todo a una sentencia judicial: "Y cuando se produce ésta, se pone al frente de una defensa".

Álvarez, exjefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista, fundamentó ayer su petición de "indulto total" para sus nueve años y medio de cárcel, en que su participación en el secuestro de Segundo Marey fue en cumplimiento de órdenes del Gobierno. Así lo explica su abogado, Manuel Murillo, en un escrito dirigido al Ministerio de Justicia. También los policías José Amedo y Michel Domínguez anunciaron ayer la petición de indultos, a través de su letrado Jorge Manrique, quien explicó que sólo el segundo recurrirá al Constitucional, por considerar que el juez Baltasar Garzón vulneró sus derechos fundamentales. José Amedo no lo estima así.

En cuanto a los recursos de aclaración a la sentencia condenatoria que dictó el Supremo en el caso Marey, 10 de los 12 condenados los han presentado ya. La Sala Segunda del Tribunal Supremo los resolverá en septiembre, ya que agosto no es hábil para el poder judicial. En cambio, algunos de los recursos de amparo ante el Constitucional se presentarán en agosto, para evitar que se pase el plazo de 20 días, aunque fuentes del Supremo aseguran que ese plazo no comenzará hasta que se resuelvan los recursos de aclaración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de agosto de 1998

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