Alcohólicos rehabilitados exigen al Gobierno un plan nacional y que Sanidad asuma el tratamiento

¿Hasta cuándo vamos a estar pidiendo un plan específico nacional sobre alcoholismo? Es una de las preguntas que, a modo de conclusión, se formuló ayer en la clausura del XXVII Congreso Nacional de Alcohólicos Rehabilitados (FARE), celebrado en Barcelona este fin de semana y que reunió a 600 personas.Francisco Vila, presidente de FARE, explicó que la reivindicación de un plan específico para la prevención del alcoholismo no consigue hacer mella en el Gobierno, "y eso que el actual delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, lo prometió hace tres años, cuando el Partido Popular todavía no gobernaba".

Vila se queja de que el problema del alcoholismo se encuentre englobado en el Plan Nacional sobre Drogas, enmarcado en el Ministerio del Interior. "Ocurre que no somos traficantes de nada", remachó.

Vila insistió en la urgencia de un plan específico como la única forma de luchar contra un problema que afecta a 400.000 personas que están enganchadas al alcohol en España. A título de ejemplo, el presidente de FARE explicó que el año pasado el coste de los problemas derivados del consumo del alcohol fue de 811.000 millones de pesetas y que el 18% de esa cantidad fue de coste sanitario directo. Afirmó que el consumo del alcohol causa el 50% de los accidentes de tráfico, el 80% de los malos tratos a mujeres, el 70% de las separaciones y el 25% del absentismo laboral. "Por eso insistiremos lo que haga falta en un plan específico, porque el problema del alcoholismo hay que tratarlo desde el ámbito de la sanidad y de la educación, y sobre todo hay que unificar criterios", subrayó Vila, que criticó la doble moral de la sociedad al condenar las drogas ilegales y permanecer "impasible" con el alcoholismo.

Otra de las reclamaciones formuladas en el congreso de la FARE es que el alcoholismo sea tratado como una enfermedad y que como tal sea tratada por la Seguridad Social. En este sentido, la FARE, que agrupa a 30.000 alcohólicos rehabilitados pero con un ámbito de influencia que se extiende a 250.000 personas, se queja de la escasa ayuda de la Administración y, en concreto, del recorte de subvenciones que han sufrido este año.