El Consell teme que la estimación de la economía sumergida suponga la pérdida del Objetivo 1

Los indicadores económicos señalan hacia una irrevocable pérdida de la condición de región europea pobre para la comunidad Valenciana y ponen en peligro unos fondos europeos que han arrastrado en el sexenio 1994-1999 una inversión anual de 130.000 pesetas al año. La posibilidad de estimar el volumen de economía sumergida entre los parámetros sobre los que se definen las ayudas procedentes de Bruselas complica la situación, pero la Generalitat se aferra al periodo transitorio que han pactado los últimos estados incorporados al club de los Quince para intentar salvar la condición de Objetivo 1.

Se consideran regiones acreedoras de fondos correspondientes al Objetivo 1 de la UE aquellas cuya renta per cápita no supera el 75% de la media comunitaria. La Comunidad Valenciana ha venido recibiendo entre 1994 y 1999 unas ayudas procedentes de Bruselas que han forzado y inversiones públicas, tanto de la Generalitat como del Estado, hasta sumar no 130.000 millones anual, una cantidad nada desdeñable que representa cerca de un 12% del presupuesto de la Generalitat. Fuentes oficiales consideran que si las negociaciones para establecer el marco de referencia correspondiente al periodo entre los años 2000 y 2006, que se debate actualmente, fueran las similares a las aplicadas en el último reparto, el incremento de población registrado por la Comunidad Valenciana y reflejado en el censo correspondiente a 1996 permitiría a conservar la condición de región pobre, cuya renta per cápita no supera el 75% de la media europea. Pero la Comision Europea, responsable de la distribución de fondos estructurales y empeñada en la implantación de la moneda única, considera un grave problema a resolver la denominada economía sumergida. Un reciente estudio de la agencia estadística europea, Eurostat, establece que países como Grecia, Italia, Bélgica y España, por ese orden, deben ser sometidos a una criba específica a la hora de atender a sus indicadores económicos debido al volumen de dinero negro que manejan sus ciudadanos. Fuentes oficiales admiten que si la UE estimara el volumen de dinero negro que se maneja en la Comunidad Valenciana a partir de los volúmenes de consumo privado o el desfase entre la producción declarada y la exportación real, por ejemplo, la posibilidad de acceder a los fondos más generosos que distribuye Bruselas sería muy remota. Las decisiones de la Comisión Europea son sometidas, en último término, al consejo de jefes de Estado y presidentes de Gobierno, un organismo en el que priman cuestiones políticas y estratégicas de muy diversa índole. Pero el peso de los argumentos estrictamente jurídicos también es clave. Así, fuentes oficiales de la Generalitat consideran que sólo sería posible evitar que se estime la economía sumergida aferrándose a las condiciones especiales del periodo de transición pactado con los tres últimos estados incorporados al club de los 15. Austria, Finlandia y Suecia tienen todavía un año por delante para adaptar sus indicadores económicos a los del resto de países europeos y no está previsto computar el volumen de dinero negro que manejan sus ciudadanos hasta entonces. El argumento que esgrimen fuentes oficiales para destacar que la Comunidad Valenciana seguirá recibiendo fondos estructurales es que difícilmente se podrá tomar en cuenta la economía sumergida en la región valenciana si no se extiende el indicador a todas las regiones europeas, puesto que se el acuerdo último corresponde tomarlo a los jefes de Estado o de Gobierno de los 15 al completo. Tres problemas El primer partido de la oposición, por su parte, ha elaborado un estudio al respecto cuyas conclusiones son aún más estremecedoras. Los socialistas valencianos consideran que sobre el modelo tradicional valenciano de producción gravitan tres problemas que complican la situación. En primer lugar, la economía productiva ha sido incapaz de ajustarse de forma satisfactoria a la liberalización de los mercados. En segundo lugar, la implantación de la moneda única europea, el euro, pondrá en cuestión las bondades de un modelo de exportación basado hasta la fecha en una moneda débil, como es la peseta. Finalmente, los socialistas recuerdan que la reciente crisis económica ha disparado las tasas de desempleo en una proporción que la bonanza actual es incapaz de absorver. Pero advierten, además, que los fondos europeos son necesarios para ajustar la inversión en Investigación y Desarrollo a niveles próximos a los del resto de países europeos; que el tamaño medio de las empresas valencianas, en su inmensa mayoría pymes, no permite competir en un mercado agresivo; que la competitividad de las empresas valencianas queda en entredicho ante la pérdida de peso sobre el volumen de exportación del Estado; y que la ausencia de un eje de comunicación longitudinal a lo largo del territorio valenciano, más allá de la autopista de peaje, supone un coste adicional que las actuales inversiones del Estado en materia de infraestructuras no consideran prioritario reducir.