Los abogados, entre la masificación y la especialidad

Los 15.039 abogados colegiados de Barcelona ya pueden anunciarse. La mayoría piensan que eso cambiará muy poco su profesión; un buen grupo opina que beneficiará a los grandes despachos -que son los que disponen de más dinero-, y el decano, Jaume Alonso-Cuevillas, cree que el reglamento beneficia a todos. El nuevo Código Penal y la realidad social han abierto más la horquilla de los delitos y eso permite nuevas expectativas a los letrados; pero, en los últimos años, gestores, notarios, economistas y otros profesionales han entrado en clara competencia con la abogacía. Ante este panorama, unos optan por asociarse con compañeros para crear un despacho más competitivo, otros suman esfuerzos con la teórica competencia profesional para captar clientes y los hay que optan por mantener una especialización. Amigo de causas perdidas Ése es el caso de Mateu Seguí, de 53 años, que lleva más de media vida ejerciendo. La culpa la tiene una película que vio cuando estaba en el instituto, aunque no recuerda ni el nombre. "Se llamaba La silla, ¿o quizá no?", explica con el escepticismo que le caracteriza. Cuando se le sugiere que se le podría definir como especializado en causas perdidas, lo acepta con agrado y sonríe. "Es verdad que me llegan clientes en contra del sistema, pero no son marginados, sino gente que está al margen, cosa que yo creo que es muy saludable". Como José Miguel Iglesia Aranda -el unabomber catalán que colocaba artefactos de fabricación casera en el Inem-, ex militantes de Terra Lliure, los primeros insumisos que hubo en España y los acusados del incendio del Scala. "No hay ningún delito gratuito. Todo responde a la mezcla de los genes personales con los sociales", dice. Seguí opina que la justicia sólo existe con minúsculas y que la única forma de que la gente deje de desconfiar en ella es que los tribunales recojan el sentido de la calle. Del mismo modo opina que no es bueno que muchos abogados ejerzan pensando sólo "en el triunfo social". Según él, "cuando dos abogados se ven casi siempre hablan de derecho, pero se olvida que el derecho nace de la convivencia". Rafael Núñez Dueñas comparte esa idea de Seguí sobre la justicia, pero su análisis tiene un sello marxista. "El derecho no es más que la correlación de una sociedad de clases en un momento concreto", asegura. Desde hace años está especializado en derecho sanitario en el ámbito de responsabilidad por negligencias médicas, y ya ha ganado algunas batallas al lograr indemnizaciones millonarias. Así ocurrió con una condena por la cual un médico tuvo que pagar 25 millones de pesetas de indemnización por no informar a una paciente menor de 35 años de la posibilidad de someterse a una prueba de detección del síndrome de Down. O con otra condena de 45 millones por un parto en el que, a causa de una negligencia médica, nació un niño con parálisis cerebral. "Aquí se cree que esa condena es muy alta, pero en Estados Unidos, por ejemplo, por un caso idéntico ha habido condenas de 5.000 millones", dice Núñez. Con todo, reconoce que su trabajo tiene una dificultad añadida, porque no es fácil sentar a un médico en el banquillo, y mucho menos lograr una condena. "Cualquier sector social con un status recibe un trato en los juzgados que no es el mismo que el que pueda recibir un colectivo de descamisados, sin perjuicio de la voluntad del juez de impartir justicia", dice. Núñez asegura que, al margen de esa especialización, le gusta "recibir aire fresco" en su profesión. Por eso asesora desde hace muchos años a Comisiones Obreras del Baix Llobregat, el sindicato en el que milita desde la transición. Un trabajo que, según dice, también le gratifica. La continuidad de la empresa La Seda tiene mucho que ver con la querella que él redactó contra la multinacional Azko por atentado contra la seguridad del empleo. La función social Núñez, como Seguí, defiende la función social de la abogacía, y por eso ambos siguen ofreciendo sus servicios en el llamado turno de oficio. También es el caso de Josep Maria Bernat, que empezó a ejercer a los 25 años como abogado laboralista. Ahora ya nada es lo mismo y él todavía sigue defendiendo a trabajadores, pero también asesora a empresas. Estos tres letrados han pasado ya los 10 años de ejercicio que la mayoría de los abogados necesitan para tener una clientela fija. Eso lo saben muy bien David Rodríguez Vidal, de 31 años, y María Teresa Forcada, de 28. A diferencia de lo que suelen hacer la mayoría de los licenciados, ellos decidieron arriesgarse y montaron el bufete Forcada & Rodríguez, una aventura que hasta ahora no les ha ido mal. Ella lleva cuatro años ejerciendo y él dos, y están especializados en derecho civil y mercantil. Empezaron cobrando morosos y aún siguen haciéndolo, pero ya les ha llamado algún que otro cliente de importancia. Su condición de pareja les ha facilitado mucho las cosas y hace más explicable que no haya fines de semana ni vacaciones. Ella se dedica al trato con los clientes y él a defenderlos en los tribunales. El principal problema, según Forcada, es la masificación de la profesión. "Está claro que los 15.000 abogados no podemos vivir de la toga", coincide también Alonso Cuevillas. Además de decano, este letrado de 36 años es uno de los pocos especialistas en derecho procesal de España y eso le permite tener una selecta clientela. "El procesalista es como el cirujano del derecho, al que a veces recurren los especialistas en otras ramas". Cuevillas opina que el futuro de la profesión pasa por la diversificación de funciones, por que el abogado no se limite a pleitear en los tribunales y recupere los trabajos de mediación o de gestión económica. Con todo, el decano es optimista y cree que "el mercado lo acabará regulando todo". Él pertenece a uno de los 268 despachos colectivos que tiene registrados el Colegio de Abogados de Barcelona, aunque estas uniones son a veces pasajeras por causas muy diversas. En el caso del decano, porque se asoció con otro despacho y con un grupo de economistas para crear la Societat Professional d"Advocats i Economistes, en la que trabajan 17 profesionales. En defensa de las mujeres Otros, como María José Varela, prefieren ejercer por libre y tener sólo un par de colaboradores en su despacho. Ella asegura que ya estudió Derecho pensando que se especializaría en la defensa de las mujeres, tanto por la vía civil (separaciones, divorcios) como la penal (agresiones sexuales o contra su integridad). Y en eso lleva ya 18 años, como abogada particular de la Asociación de Mujeres Agredidas Sexualmente, que ella fundó. Varela asegura que su especialidad la gratifica profesionalmente, pero que también le crea muchos problemas, empezando por su seguridad. "No es fácil estar una y otra vez frente a un acusado de violación o de asesinato", dice. Por eso recuerda que escasean las compañeras que quieran asumir esas cuestiones y reclama un mayor compromiso social. Dentro de un año es muy probable que su hija se sume a su despacho, por el que también ha pasado algún cliente masculino, y más de un caso singular, como cuando defendió al primer homosexual de España que presentó una reclamación judicial. Quien sabe mucho de separaciones es, sin duda, el letrado Francesc Muniz Menero, de 56 años y colegiado desde hace 31, que sigue en el turno de oficio porque cree que es "un deber profesional". Los tiempos han cambiado mucho y ahora ya le llegan casos de parejas de hecho. Por suerte para él, no ha vuelto a entrarle ningún caso tan difícil como el de un cliente que lleva 25 años pleiteando con su ex mujer. "Cuesta creerlo, pero es verdad que existe gente capaz de mantener el odio tanto tiempo", aunque en este caso la mala es ella.