Tomey niega en el Supremo el déficit de la Diputación de Guadalajara

Francisco Tomey, senador del PP y presidente de la Diputación de Guadalajara, prestó ayer declaración ante Adolfo Prego, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien le interrogó sobre la presunta incorporación de 3.500 millones de pesetas de deudas ficticias a los presupuestos de esa corporación. Tomey, al que se imputa un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, negó ese déficit e insistió en que las cuentas contaron con el visto bueno de los técnicos.

La declaración de Francisco Tomey se prolongó durante dos horas y su contenido no trascendió, ya que el presidente de la Diputación de Guadalajara declinó hacer declaraciones sobre el desarrollo del interrogatorio por expreso consejo de su abogado, Federico Sainz de Robles, ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Este último señaló que la causa es "propiedad del juez instructor" y aseguró que no se han adoptado medidas cautelares contra su cliente. Tomey acudió acompañado también de otros dos abogados, los penalistas Jorge Velasco y Roque Borja.El senador popular se disculpó ante los periodistas así: "Perdonadme, pero no puedo decir nada por recomendación de mi abogado". Una hora después, tras firmar su declaración judicial, añadió que había actuado "con legalidad y moralidad".

Fuentes jurídicas aseguran que Tomey defendió ante el juez su gestión al frente de la Diputación, negó la existencia del presunto déficit de 3.500 millones y destacó que sus presupuestos fueron firmados por 25 personas y contaron con la aprobación de los técnicos.

El caso Tomey tiene su origen en una denuncia presentada por Jesús Alique, diputado y portavoz socialista en la Diputación donde gobierna el PP. La fiscal María Ángeles García la investigó y dictó un decreto en el que afirmaba que hubo una alteración pertinaz de los presupuestos de la corporación y no un error contable. En su opinión, algunas de las partidas pendientes de ingreso ya habían sido cobradas.

Del mismo delito de falsedad se imputó a José Villalgoro, interventor de la Diputación, que falleció meses más tarde. El Tribunal de Cuentas fiscaliza también la contabilidad de la institución.

Por otra parte, la fiscal ha decretado el archivo de una denuncia por presunta prevaricación del también senador popular José María Bris, alcalde de Guadalajara. Fue presentada el pasado 11 de marzo por Jesús Ortega Gómez, inquilino de la vivienda Hostal del Reloj, de valor histórico. El denunciante aseguraba que el Ayuntamiento incumplió su obligación de requerir al propietario para que reformara el edificio y que se le favoreció. El fiscal del Supremo, al que se trasladó la causa por ser Bris senador, ha ratificado el archivo de la denuncia.