Las excavadoras y los camiones de escombros destruyen en Xeresa el marjal de La Safor
El marjal de Xeresa sigue acosado por las transformaciones agrícolas. En decenas de acequias, la extracción de los fértiles limos con retroexcavadoras antecede al aterramiento de los ullals con cientos de camiones de escombros para elevar el terreno e impedir su inundación. El ecosistema, que se prolonga en las zonas húmedas de Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Gandia y está incluido junto a éstas bajo la denominación de marjal de La Safor en el Catálogo de Zonas Húmedas que el Consell presentó en febrero pasado, carece, sin embargo, de medidas cautelares de protección.
José Luis Ramós, abogado del colectivo IDEA (Instituto para la Defensa y Estudio Ambientales), vinculado a Esquerra Unida, mostró ayer junto a Luis Monzón, miembro de una plataforma de defensa de los humedales, cómo la destrucción del marjal de Xeresa es una actividad de patente actualidad. Montañas de limo a la orilla de decenas de acequias delatan el trabajo de las retroexcavadoras. El suelo más fértil es extraído de grandes zanjas que rápidamente son inundadas por el afloramiento natural del agua. Luego, los escombros traídos en grandes camiones (entre 30 y 100 diarios, según Ramos) aterran las acequias. Según el abogado, los camiones cuentan con licencias de vertidos del Ayuntamiento de Xeresa, municipio en el que la empresa Rústicas, SA, tiene un proyecto para construir dos hoteles y dos campos de golf en la zona más salvaje del humedal. Y precisamente el viernes pasado llegó hasta el juzgado de Gandia una querella del fiscal de Medio Ambiente Carlos Almela por delito ecológico contra el Consistorio de Xeresa. Denuncia a la que, cuando la juez la admita a trámite, se sumarán Esquerra Unida y algún grupo ecologista. El marjal de La Safor ocupa 1292,5 hectáreas a lo largo de cinco kilómetros del litoral, según los planos del catálogo de humedales. Se trata de un prado pantanoso que no goza de protección específica aunque sus valores ambientales (con presencia de varias especies contempladas en la Directiva Hábitats de la UE) y su propia condición húmeda suponen, para los ecologistas y los partidos de izquierda, causas suficientes para estar protegidos por ley. Una opinión que comparte el Tribunal Supremo, que sentó jurisprudencia en ese sentido al salvar un espacio catalán (el aiguamoll de Prat, en Girona) que carecía de protección oficial. No es ésta, por contra, la filosofía que inspira la protección de humedales en la Comunidad. El Consell ha confirmado que sólo protegerá los espacios que finalmente se incluyan en el catálogo. Y al parecer, según la oposición y los ecologistas, sólo cuando se apruebe. Entretanto, "todo vale", según Ramos. Y el abogado explica que ese entretanto ya se prolonga en demasía. El catálogo elaborado por la Consejería de Medio Ambiente en cumplimiento de la ley 11/94 de Espacios Naturales Protegidos todavía no ha sido aprobado por el Consell. Ya su presentación, en febrero pasado, concluyó con más de dos años de retraso (la ley obligaba a aprobarlo en diciembre de 1995). Incluso el periodo de exposición pública (que supuso 79 alegaciones bajo 15.000 firmas distintas) concluyó el 30 de abril pasado sin que haya noticias de la protección definitiva (los declarará suelo no urbanizable) de los 32 hábitats incluidos en la lista de espacios húmedos valiosos. La destrucción de humedales ha sido continua en los últimos años y, ante el temor de que prosiguiera este acoso, el Grupo Socialista propuso en la comisión de Medio Ambiente de las Cortes que el Consell decretara unas medidas de protección cautelar hasta la aprobación del catálogo. El PP y UV rechazaron la propuesta.
