El Ejecutivo no desclasificará los datos sobre las escuchas del Cesid a HB

El Consejo de Ministros decidió ayer no desclasificar los documentos del Cesid relacionados con las escuchas presuntamente ilegales que realizó ese servicio de información en la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Por tanto, denegó la solicitud que había realizado la juez Carmen Lasanta para que fueran desclasificados ciertos datos del Cesid que consideraba fundamentales para avanzar en la investigación de las presuntas escuchas ilegales.El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, rehusó entrar ayer en explicaciones y se limitó a indicar que el Ejecutivo se había atenido a "la experiencia jurisprudencial". A la juez le queda la posibilidad de plantear un conflicto de competencia.

El Gabinete aprobó también el proyecto de ley sobre la introducción del euro, que se convierte en moneda nacional a partir del 1 de enero de 1999; los planes hidrológicos de cuenca, que son el requisito imprescindible para la posterior elaboración del Plan Hidrológico Nacional que el Ejecutivo se ha comprometido a realizar en esta legislatura; y la lista de medicamentos financiados por el sistema nacional de salud, conocido como el medicamentazo, una medida que ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición parlamentaria.

El Gobierno acordó la creación de 65 juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que entrarán en funcionamiento el próximo 14 de diciembre. El objetivo de estos juzgados es acercar la justicia al ciudadano, ya que éste no tendrá que desplazarse fuera de su provincia cuando tenga un juicio. De esos órganos unipersonales, dos son juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo con sede en Madrid. Esa comunidad contará también con seis de los nuevos juzgados, mientras que cuatro corresponderán a Barcelona, y dos a Sevilla, a Valencia y a Bilbao, respectivamente. Asimismo, el Consejo de Ministros acordó la creación de 30 nuevas plazas en la carrera fiscal.

El Gobierno remitió a las Cortes el proyecto de modificación de la ley que regula el tratamiento informatizado de los datos de carácter personal, y traspasó a Castilla-La Mancha la gestión de la formación profesional ocupacional.

El Gabinete aprobó también el reglamento que regula los registros especiales de titulares de licencias de telecomunicaciones. Estos registros dependerán de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones.

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