Mayor matiza a Aznar y afirma que Garzón decidió "con plena independencia" cerrar "Egin"
El ministro del Interior, Jaime Mayor, afirmó ayer en Altea (Alicante) que el juez Baltasar Garzón ha actuado "con plena y total independencia" en relación con las medidas cautelares que ha impuesto al diario Egin. Mayor , que pronunció una conferencia en los cursos de verano organizados por la Universidad Europea de Madrid, precisó que "cuando hablamos de cumplimiento de la ley hablamos de la independencia del Poder Judicial". De esa manera matizaba las declaraciones José María Aznar, en las que preguntó: "¿Alguien pensabaque no nos íbamos a atrever a cerrar Egin?".
El ministro del Interior sostuvo que "ha habido una actuación correcta de todos los estamentos del Estado" en relación con la clausura de ese diario y defendió que lo que sí han dicho Aznar y él mismo es que quieren "impulsar el cumplimiento de la ley". Mayor quiso resaltar "la independencia de la Audiencia Nacional, porque hay quienes tratan de introducir una confusión que no se corresponde con la realidad", y se negó a juzgar si es o no oportuna la decisión judicial de imponer medidas cautelares sobre Egin. Tras sostener que respeta absolutamente las decisiones adoptadas por Garzón, dijo que la "razón esencial" del auto dictado por ese juez de la Audiencia Nacional es que el grupo Egin- Orain "formaba parte del entramado dirigido" por ETA-KAS y de manera "subordinada".Mayor Oreja manifestó que "Egin, esencialmente, no era un periódico, sino una estructura más, básica, buque insignia de una organización, de un entramado" vinculado a la banda terrorista, y precisó que no ha sido su "convicción política", sino la decisión de un juez la que ha llevado a la clausura de ese medio de comunicación. En ese contexto, se preguntó "dónde están los propietarios de Egin", dado que sólo "se ve a los trabajadores", y expresó a continuación su convicción de que los dueños de ese periódico "están fuera de la ley".
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Juan Alberto Belloch, acusó al presidente del Gobierno, José María Aznar, de cometer el "gravísimo error", evitado por el resto de los demócratas, de politizar la actuación judicial contra Egin. "Resulta patético que sea el mismísimo presidente del Gobierno el que, en una muestra más de su incompetencia, cuestione la legitimidad de la actuación judicial lanzando el mensaje de que el cierre de Egin ha sido movido por el Gobierno. Aznar sólo sirve para dar pasos atrás en la lucha antiterrorista. Cuando todos nos hemos esforzado en no cometer el error de dar excusas a los violentos que intentan dar sentido a la idea de que el cierre del diario es consecuencia de una voluntad política, Aznar lanza una auténtica andanada contra nuestros planteamientos".
"Ponerse medallas"
La portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Rosa Aguilar, calificó de "fuerte resbalón" la declaración de Aznar, ya que pone "en entredicho" la independencia judicial y coloca "contra las cuerdas" al magistrado que acordó el cierre de Egin. "Es lamentable que el presidente del Gobierno con tal de colgarse medallas en el pecho sea capaz incluso de meterse directamente en el terreno que corresponde al poder judicial".La asociación Jueces para la Democracia expresó su respaldo a la decisión tomada por Baltasar Garzón y tachó de "lamentables" las declaraciones de Aznar, "que traslucen la mentalidad de que la medida en cuestión ha sido obra del poder ejecutivo, en lo que supone una flagrante confusión de la división de poderes propias del Estado de Derecho (...) Del mismo modo", añadió Jueces para la Democracia, "son repudiables las manifestaciones del ministro del Interior dando a entender que su confianza en los tribunales está condicionada a que éstos le den la razón".
De otro lado, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Sabin Intxaurraga, consideró "fundamental preservar en toda circunstancia la libertad de expresión" y manifestó su deseo de que "se publique de nuevo Egin cuanto antes". Intxaurraga hizo especial hincapié en que la libertad de expresión "es un derecho reconocido por la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos", y solicitó que en el caso de que los miembros del consejo de administración de Orain tengan alguna responsabilidad penal ésta "se circunscribiera a las personas, y no al medio como tal". El consejero vasco de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social afirmó que su departamento "está preocupado" por la situación laboral de los empleados de Egin.
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