El TSJ establece que la ayuda de vivienda para altos cargos es legal

El complemento que reciben los altos cargos de la Administración autonómica que se han visto forzados a cambiar su lugar habitual de residencia es legal, según establece el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) en una sentencia difundida ayer. Las federaciones de servicios públicos de UGT y CC OO denunciaron en su día que las ayudas para los altos cargos constituían una retribución salarial encubierta y una flagrante discriminación hacia el resto de empleados públicos.

El TSJ se ha inclinado en defensa de la Generalitat porque considera que los altos cargos no son asimilables al resto de funcionarios y su posición en el organigrama de la Administración no se puede trasladar a la denominada relación de puestos de trabajo de la Función Pública. Por lo tanto, la ayuda de vivienda -el denominado plus del pisito- no tiene carácter de retribución encubierta. Es más, según fuentes oficiales, el TSJCV admite que la Generalitat tiene potestad para decidir sin cortapisas el montante de los salarios de los altos cargos. José Emilio Cervera, subsecretario de Administración Pública, recordó ayer que las ayudas de vivienda para los altos cargos fueron aprobadas por la Administración autonómica bajo mandato socialista aunque, sorprendentemente, los sindicatos sólo denunciaron el complemento como una retribución encubierta en 1995, cuando los populares accedieron a la Generalitat. Cervera comentó que el ejercicio de "la política está mal pagado" y la Administración se ve obligada a prescindir de grandes profesionales porque los salarios que ofrece no son competitivos. "Salvo que se tenga una decidida vocación de servicio, es muy difícil contratar a ciertos profesionales", dijo. El traslado de la residencia habitual para ocupar un cargo público supone, según Cervera, "un quebranto" que hay que compensar. Actualización anual El propio subsecretario de Administración Pública cobra un complemento de 65.000 pesetas al mes puesto que tuvo que trasladar su domicilio desde Madrid a Valencia. El complemento se actualiza anualmente en la misma proporción en que se incrementan los salarios públicos. Gonzalo Fernández, secretario de federación de servicios públicos de UGT, presentó la otra cara de la moneda. Para el dirigente sindical, "no es moralmente aceptable que los altos cargos, que son los que hacen las leyes, sean de primera categoría y el resto de trabajadores públicos sena de segunda o de tercera". Fernández recordó que muchos trabajadores se ven obligados a trasladarse para obtener un trabajo y asumen los costes del traslado personalmente y, para poner en entredicho el complemento de residencia para los altos cargos se preguntó: "¿Habría que pagarles también los desplazamientos?" Los sindicatos ya han anunciado que recurrirán el fallo del TSJ ante el Tribunal Supremo.