Los magistrados valencianos resolvieron el año pasado un 10% menos de asuntos que en 1996

La Justicia en la Comunidad Valenciana no va bien. Los ciudadanos lo dicen en las encuestas y las estadísticas ratifican esta afirmación: 1997 se cerró con cerca de un cuarto de millón de casos pendientes de resolución en todas las instancias jurídicas de la Comunidad. Los graves defectos estructurales de la Justicia, el crecimiento del número de denuncias en el ámbito penal y social y el descenso medio de la productividad de los jueces, un 10% respecto a 1996, situó en 224.776 los pleitos por resolver en los juzgados valencianos el año pasado, un 2% menos que en el año anterior.

Los tímidos planes de refuerzo impulsados por la Subsecretaría de Justicia, la informatización de gran parte de las sedes judiciales y el incremento del número de jueces en las tres salas de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana no han contribuido, al menos de manera notable, a reducir el colapso que padecen la práctica totalidad de los juzgados valencianos. Si durante 1996 la Justicia valenciana dejó 230.134 casos pendientes de sentencia, 1997 se ha cerrado con una cifra inferior: 224.776 asuntos estaban por resolver con la finalización del año pasado, 1997. Este descenso, del 2,3%, ha sido posible por el menor número de pleitos interpuestos ante la jurisdicción civil (las 122.218 denuncias presentadas en 1996 se quedaron en 93.115 el año pasado), la social (de 23.786 a 22.050) y la contencioso-administrativa, donde se rompió la tendencia creciente del último bienio y se ingresaron un 9% de denuncias menos que en el año precedente. A pesar de todo, las números relativos no esconden la crudeza de los cifras absolutas: la aminoración de un 2% en el total de casos sin fallar no oculta que 1997 se cerró con casi un cuarto de millón de asuntos. 1994 acabó con una cifra inferior. Sólo 223.501 litigios esperaban resolución judicial. La modesta disminución del número de casos que arrastran los juzgados valencianos -las estadísticas de la Generalitat recogen tanto las de los juzgados de pueblo como las de las Audiencias provinciales y las instancias del TSJ- no oculta que los magistrados, rompiendo la tendencia positiva iniciada en 1995, resolvieron un 10% de casos menos en 1997 que en 1996. La menor productividad afecta tanto a la instancia social como a la penal y la civil, y coincide con la apertura del debate impulsado por una de las asociaciones de magistrados, Jueces para la Democracia, que reclama desde hace tiempo la creación de sistemas de evaluación de la productividad de los jueces. La inexistencia de éstos no oculta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ha cifrado, por ejemplo, en unos 1.000 casos el número de asuntos que un juzgado de lo social debería resolver anualmente, siendo ésta una cifra indicativa que no olvida la especial naturaleza de la tarea del juez. En cualquier caso, durante 1997, los 27 juzgados de lo social de la Comunidad Valenciana finiquitaron 22.078 asuntos. 817 por cada juez, cifra inferior al millar de casos fijado por el CGPJ.