La bofetada del Bundesbank

El jueves pasado el presidente del Bundesbank, Hans Tietmeyer, afirmó algo tan grave como que para bajar los tipos de interés en España durante los próximos meses, el gobierno debe llevar a cabo un recorte presupuestario considerable. Dicha mención significa una sonora bofetada a la política presupuestaria y fiscal diseñada por el gobierno para el próximo ejercicio. Para que el ciudadano entienda lo que significa y la trascendencia de la advertencia conviene desarrollar toda la argumentación. La entrada de la peseta en el euro y la desaparición del tipo de cambio significa que si los precios en España crecen por encima de la media comunitaria ya no disponemos del instrumento del tipo de cambio para corregir tales desviaciones. En consecuencia, las economías deben vigilar constantemente la convergencia en tasas de inflación (convergencia nominal), de lo contrario la pérdida de competitividad que implica una inflación más elevada se traducirá en una caída de los beneficios empresariales, cierre de empresas y paro. En el momento actual, la economía española ha visto como sus precios han repuntado ligeramente hasta el 2% mientras que la media comunitaria se sitúa en el 1,4%. Todavía más grave, el sector servicios no ha reducido su tasa interanual por debajo del 3,5% y empieza a mostrar signos de aceleración al abrigo de la reactivación creciente de nuestra economía. Esta resistencia a la convergencia de los precios españoles con los comunitarios, en parte motivada por la expansión de la economía, justifica la opinión de que nuestra economía empieza a mostrar síntomas claros de cierto recalentamiento. Ahora bien, si la economía muestra signos de recalentamiento, ¿cómo se pueden bajar los tipos de interés a corto plazo del 4,25% actual hasta el 3,5%, que es la tasa a la que previsiblemente convergerán los tipos del Banco Central Europeo en los próximos meses? Es vital entender la respuesta. Una bajada adicional de tipos de interés, como la que necesariamente deberá acometer el Banco de España en los próximos meses, significa un aliciente adicional para la inversión y el consumo privado y, en consecuencia, un tirón adicional a la demanda agregada de la economía. Este empujón suplementario significa echar más leña al fuego de una economía que no precisa en estos momentos de tales incentivos. El resultado será tensiones inflacionarias adicionales. Lo grave es que ya no vamos a contar con el tipo de cambio para corregir los problemas que se presenten y por lo visto nadie se ha dado cuenta de ello. Para estar en el euro no sólo hay que converger, hay que saber mantenerse en la convergencia. La única posibilidad que resta para que las piezas del rompecabezas encajen consiste en que el efecto dinamizador que puede acarrear la bajada del tipo de interés en el consumo e inversión se compense con una reducción del gasto público, tal y como van a llevar a cabo los restantes países centrales europeos anticipando y endureciendo los objetivos de déficit público en el nuevo Plan de Estabilidad y Crecimiento hasta situarlo en el 1% en el año 2000. La idea es muy sencilla, la bajada de tipos de interés implica un incentivo adicional para las economías periféricas, por lo tanto, para mantener la estabilidad nominal deben aprovechar esta coyuntura para recortar el déficit público. En ausencia de política monetaria propia la política fiscal debe tomar el relevo y jugar un papel mucho más activo que hasta el presente. En este caso, por ejemplo, el sector público debe compensar el efecto dinamizador de la bajada de tipos de interés, obligada por la convergencia, y evitar nuevos elementos que impliquen dosis adicionales de recalentamiento de la economía española, mayores tensiones en los precios y creciente pérdida de competitividad. Ahora bien, este papel compensador de la política presupuestaria choca frontalmente con los planes de reforma fiscal anunciados por el gobierno. La reducción de los tipos del IRPF puede suponer una reducción de la recaudación de algo más de 500.000 millones, si se compara con el escenario recaudador en el caso de haber mantenido los tipos. Estos 500.000 millones no son otra cosa que una inyección adicional a las economías domésticas que se traducirán en nuevos incentivos al consumo e inversión privada, nuevos alicientes a la demanda agregada y a la inflación. Exactamente lo contrario exigido por la coyuntura actual y reclamado por la ortodoxia del Buba. Por lo tanto, la reforma fiscal que se pretende aplicar no puede ser más inoportuna, llega en el peor momento. Cabe otra alternativa, reducir los ingresos en 500.000 millones por la reforma fiscal y al mismo tiempo aprobar una disminución del gasto de un billón de pesetas. El problema radica en que resulta muy difícil reducir el gasto en esas magnitudes sin tocar las coberturas sociales significativamente. ¿Llevará el gobierno su política fiscal hasta el límite de o bien poner en peligro la estabilidad nominal o bien recortar el gasto social en una cuantía sin precedentes? La respuesta en septiembre. Quedan algunos problemas colaterales importantes. Alemania tiene en septiembre una cita electoral importante y en tales momentos los análisis tienden a simplificarse y los mensajes directos son los que se reciben con mayor facilidad por los electores. La reforma fiscal que el gobierno quiere sacar adelante a toda costa puede suponer el argumento adicional que precisan los alemanes para rechazar su actual aportación a los Fondos Estructurales. Los españoles reducen su esfuerzo fiscal y con él sus posibilidades de inversión pública y tenemos que ser los alemanes los que con nuestros impuestos financiemos sus infraestructuras e inversiones públicas. Argumento sencillo y fácil de entender que, con su extrema simplificación, puede suponer una carga de profundidad de grueso calibre a la supervivencia de los Fondos Estructurales.

Aurelio Martínez Estévez es catedrático de Economía Aplicada.