Unión Valenciana se queda sola en contra del pacto lingüístico al abstenerse Esquerra Unida. Dos consejeros socialistas del CVC firman el voto particular de EU para facilitar su abstención

Gritos, insultos y lanzamiento de huevos y tomates. El ambiente hostil creado por varias decenas de anticatalanistas a la puerta del Palau de Forcalló y el pronunciamiento en contra de los consejeros vinculados a Unión Valenciana limitaron ayer a un sector, anclado en sus posiciones secesionistas, el rechazo al dictamen sobre la lengua que ayer aprobó el Consell Valencià de Cultura (CVC) con 15 votos a favor de populares y socialistas, dos abstenciones de Esquerra Unida y tres votos en contra de UV. Hubo seis votos particulares a un dictamen que incluye mínimas modificaciones.

Los populares querían rescatar para el pacto lingüístico a Xavier Casp, decano de la Academia de Cultura Valenciana. No lo lograron, ya que se alineó con los otros dos consejeros de Unión Valenciana, Leopoldo Peñarroja y José Boronat, y rechazó la propuesta. Por su parte, los socialistas pretendían que EU cambiara su voto negativo. Lograron que Carmen Morenilla y Vicent Àlvarez se abstuvieran, al precio de que dos consejeros propuestos por el PSPV firmaran su voto particular. A primera hora de la mañana de ayer, todavía discutían acaloradamente el ex rector de la Universidad de Valencia, Ramon Lapiedra, que ha llevado la voz cantante en nombre de los miembros del CVC propuestos por el PSPV, y el consejero por el PP Joaquín Calomarde, la redacción definitiva del dictamen. Pese a la introducción, reclamada por el PP, de una alusión a que el futuro ente normativo de la lengua "se basará en la tradición lexicográfica y literaria y la realidad lingüística valenciana", destinada a facilitar la entrada de Casp en el pacto lingüístico, éste se mantuvo junto a Peñarroja como firmante de un voto particular y se pronunció contra el dictamen. A cambio, los socialistas introdujeron modificaciones en otros tres aspectos. De un lado, se reforzó la referencia a la "normativa consolidada" a partir de las Normas de Castellón de 1932; se sustituyeron las "sugerencias" sobre el futuro del organismo normativo del valenciano por una propuesta escueta y tajante sobre su capacidad, composición y elección de sus miembros, y se sustituyó una recomendación de "cierta urgencia" en la tramitación de la ley que ha de crear el futuro organismo por la más explícita de que la creación de la institución normativa "sea tramitada parlamentariamente por vía de urgencia". Con la sesión de ayer, en la que el dictamen completo de la lengua -votado anteriormente por apartados- fue aprobado por 15 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la cuestión pasa al terreno parlamentario. Hoy se registrará en las Cortes el dictamen y la comisión del gobierno del CVC visitará al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, al presidente del Parlamento, Héctor Villalba -contrario al dictamen que se ha redactado, como lo está su partido, Unión Valenciana-, y al secretario general de los socialistas valencianos, Joan Romero, para trasladarle el acuerdo logrado poco más de 10 meses después de que Zaplana lanzase la propuesta de un pacto lingüístico. Pasaban tres cuartos de hora del mediodía cuando el Consell Valencià de Cultura aprobó el esperado dictamen sobre la lengua. La mayoría de los consejeros acogió con aplausos el final de más de 10 meses de debate. Previamente, el máximo órgano consultivo de la Generalitat en materia cultural vivió una de sus peculiares discusiones de procedimiento. Vicent Àlvarez y Carmen Morenilla, de EU, y José María Morera, del PSPV, criticaron al secretario del CVC, Manuel Sanchis Guarner, por no haber dado conocimiento a los consejeros con anterioridad del texto que debía votarse. Sanchis Guarner argumentó que el texto no existía porque, hasta poco antes del pleno, Ramon Lapiedra y Joaquín Calomarde, encargados de la redacción definitiva, todavía perfilaban algunos de sus extremos. Manuel Bas, propuesto por el PP, salió en defensa de Sanchis Guarner al recordar que, salvo aspectos puntuales, el contenido de los diversos apartados del dictamen ya había sido votado con anterioridad. La polémica sirvió a Morenilla para denunciar que se había pervertido el trabajo del CVC al haberse llevado la negociación entre dirigentes políticos (en alusión al presidente Zaplana y al dirigente socialista Joan Romero, cuya intervención desbloqueó hace unas semanas la tarea del CVC), en detrimento de los miembros del organismo. Aunque hubo un momento de duda, cuando Casp señaló que podía emitir un voto particular diferente al de Leopoldo Peñarroja, al final el máximo representante cultural del secesionismo del valenciano respecto de la lengua catalana acabó manteniendo su firma junto a la del consejero de UV (aunque ocupa, formalmente un puesto que corresponde al PP, del que los regionalistas son aliados de gobierno) en uno de los seis votos particulares. Advertencia Otra duda se disipó tras un receso solicitado por los socialistas, cuando Carmen Morenilla advirtió a Lapiedra, delante de todos los miembros del organismo, que EU votaría en contra si dos consejeros socialistas no firmaban el voto particular presentado por ella y por Vicent Àlvarez. Además del escritor Ferran Torrent, la cantante Enedida Lloris puso su rúbrica en el voto particular de los consejeros de EU, que se abstuvieron a continuación en la votación general. Los otros votos particulares, en su mayoría referidos a la naturaleza y origen del valenciano fueron de Ferran Torrent y Rosa Serrano, consejeros a propuesta del PSPV; de José Boronat, el consejero de UV más radical en contra del pacto lingüístico, y del consejero por el PP Ramón de Soto. Los representantes de EU solicitaron explicación de voto para reiterar sus críticas a lo que consideran una formulación ambigua de algunas de las consideraciones sobre la lengua y para apuntar que su abstención "no es una inhibición". Tanto Morenilla como Àlvarez advirtieron que mantendrán una postura activa, constructiva y vigilante. Con todo, su abstención fue considerada positiva por la mayoría de miembros del CVC, que lamentaron la persistencia de Casp en su oposición al dictamen. Casp centró su actitud contraria al texto del Consell de Cultura en la creación de un nuevo ente normativo. Como todo el secesionismo y el partido Unión Valenciana, que defiende sus tesis, Casp reclama esa competencia para la Academia de Cultura Valenciana, que preside. Sin embargo, la izquierda y la Universidad, defensores de que la instancia normativa sobre la lengua sea el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, han calificado de "paso adelante", en el caso de las universidades valencianas, o han apoyado decididamente el dictamen, en el caso de los socialistas, si el organismo que deberá crearse está integrado mayoritariamente por expertos, como se desprende del acuerdo del CVC. De todas maneras, EU considera insuficientes las garantías recogidas en el dictamen de que la composición del ente normativo responda a criterios de solvencia académica y científica. Al término de la sesión plenaria, Grisolía aseguró que "el 90% de los valencianos está contento con el dictamen", aunque puntuallizó que siempre habrá algunos casos extremos, en referencia a la concentración del GAV. Sobre el resultado de la votación, señaló que "en general, todo el mundo está de acuerdo, con algunas excepciones, que no las entiendo, francamente, ni las comparto". Calomarde aseveró que el acuerdo "hace posible una utilización correcta, pulcra, de la lengua por todos los valencianos" y destacó la "importancia histórica del dictamen". Lapiedra subrayó que en la medida en que se desactiva un conflicto y se constituye un ente normativo se facilitará la promoción y uso del valenciano. Sanchis Guarner, consejero por los socialistas, indicó que ahora comienza "un proceso de paz" y apuntó que el conflicto y la violencia sobre la lengua será cada vez más residual. Morenilla indicó que comparte la parte del uso social de la lengua del dictamen, pero no la referente al nombre, la naturaleza de la lengua y el uso de las Normas de Castellón. Casp insistió en que el dictamen es negativo y significa un "retroceso" y eludió realizar más declaraciones.