El caso de Ana M.

Hace poco saltó a los periódicos el caso de Ana M., una madre que lleva dos años de batalla legal para que se cumpla el régimen de visitas a sus hijos que acordó con su ex marido cuando tramitaron su separación. Quizá sea sólo uno entre muchos casos similares en que los hijos sufren la lentitud y la ineficacia de los tribunales cuando, como dice Marta Valcarce, fiscal de Familia de la Audiencia de Sevilla, "el derecho mal puede solucionar problemas que afectan a la esfera más íntima del comportamiento humano" (revista La Toga, junio 1997). Pero en este caso aparece un elemento significativo: desde su separación, Ana M. vive con otra mujer, su pareja, en una relación lésbica que en ningún momento han tratado de ocultar. Su ex marido dice que el problema es que los hijos "no quieren" ir con su madre, y sugiere -en palabras de su abogado- que la razón es la "falta de tacto y de discreción" de Ana al no ocultar su relación, lo que ha producido el "consiguiente rechazo del muchacho hacia su madre y la persona con la que convive". Está claro que al ex marido y a su abogado les disgusta la relación lésbica de Ana, y piensan que es lógico que a su hijo también. Son ellos los que hablan de "escándalo" y de "morbo", y a quienes les gustaría que la homosexualidad se escondiera como algo vergonzante. A eso se le llama homofobia, y está condenada en el Código Penal. Sin embargo, Ana vive libre y abiertamente, sin esconderse y por supuesto sin avergonzarse, una relación basada en el amor que, en una sociedad que dice ser "tolerante", a nadie se le ocurre ya condenar. También recordamos las rotundas afirmaciones que Alfredo Flores, fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, no dejó de repetir durante todo el proceso Arny: la principal preocupación de la Fiscalía es, por encima de todo, la protección de los menores y no la persecución de la homosexualidad. ¿Por qué entonces, en el caso de Ana, el ministerio fiscal se viene desentendiendo sistemáticamente de las iniciativas tanto de Ana como del mismo juez en favor de los menores? ¿Y por qué durante el juicio (Carmona, 25-06-98), el fiscal parecía el encargado de la defensa del ex marido, tratando a Ana como si fuera una delincuente, sin hacer la más mínima consideración en cuanto a la protección de los menores? ¿No será que de lo único que la Fiscalía trata de proteger a los menores es precisamente de la homosexualidad? En este caso los menores parecen no importarles a nadie más que a su madre, que quiere ejercer su derecho y su obligación: participar en la educación de sus propios hijos, pero que no cuenta para ello con el apoyo del ministerio fiscal. ¿De verdad el máximo interés de los fiscales, en todos los casos, es la protección del menor?- .