Cardenal hace una cerrada defensa del juez Liaño y del fiscal Gordillo en el 'caso Sogecable'

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, hizo ayer una defensa cerrada de la actuación de los fiscales de la Audiencia Nacional en el caso Sogecable, y al mismo tiempo del propio instructor de la causa, Javier Gómez de Liaño, procesado por tres delitos de prevaricación. Cardenal salvó al fiscal Ignacio Gordillo, que desobedeció órdenes del anterior fiscal general, Juan Ortiz Úrculo, y se ratificó en que la fiscalía mantendrá el criterio de que no hay actuación delictiva en el comportamiento de Gómez de Liaño como instructor del sumario que abrió a Sogecable tras una denuncia de Jaime Campmany.

La comparecencia de Cardenal se prolongó por espacio de más de cuatro horas y media y, en muchos momentos, adquirió carácter de esperpento. Al responder a la primera intervención de los portavoces parlamentarios empleó más de dos horas en dar lectura a fragmentos del sumario sobre Sogecable y de resoluciones judiciales sobre el mismo caso. Con lo que Cardenal se desenvolvió entre "el filibusterismo parlamentario", en opinión del portavoz socialista Juan Alberto Belloch, la "actitud preconcebida" -en expresión de Rosa Aguilar (IU)- o más gráficamente el conseguir que los diputados saliesen con "la cabeza caliente y los pies fríos", según el nacionalista catalán Manuel Silva.El fiscal general comenzó por leer un texto en el que se limitó a exponer las normas legales que rigen la actuación de la fiscalía y en el que introdujo una primera defensa de Ignacio Gordillo en el caso Sogecable, aunque sin citarlo expresamente, cuando aseguró que en las intervenciones orales los representantes del ministerio público, adaptándose al momento procesal concreto, pueden "ajustar" sus argumentos con independencia de las instrucciones que hayan recibido.

Con excepción de Margarita Uría, portavoz del PNV, y de Andrés Ollero, del PP, el resto de los grupos parlamentarios cargaron con dureza contra el fiscal general. Belloch le preguntó cómo es posible que una vez que el juez instructor ha acabado procesado no haya existido el más mínimo atisbo de reacción jurídica ni política frente a la actuación de los fiscales. En su segunda intervención, el portavoz socialista admitió que no es posible exigir la responsabilidad política al fiscal general y que, por ello, hoy solicitarán la comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, para demandársela.

Belloch insistió en el asombro que produce que siete resoluciones de Gómez de Liaño hayan sido revocadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y contasen, sin embargo, con el respaldo total de la fiscalía. También destacó la sorpresa que produce el que los fiscales se han opuesto al procesamiento del juez, han cambiado su criterio para pedir al Consejo General del Poder Judicial que no se hiciese inmediato el apartamiento de sus funciones tras ser procesado y que se hayan adherido al recurso del propio Gómez de Liaño para que se revoque esa medida.

Rosa Aguilar, en nombre de IU, reprochó a Cardenal que en su larguísima intervención tratase de salvarse él solo y de dejar a los pies de los caballos a los jueces y fiscales que intervinieron en el caso Sogecable. Cristina Almeida, de Nueva Izquierda, le pidió que se aparte de este asunto porque, dada su actuación, ha quedado "incapacitado".

Luis Mardones, de Coalición Canaria, resaltó que el estatuto del ministerio fiscal señala como falta grave o muy grave el que uno de sus representantes se aparte de las instrucciones recibidas del fiscal general, en referencia a la actuación de Gordillo, quien desoyó las indicaciones de su superior jerárquico al no oponerse a la fianza que el juez Gómez de Liaño decretó para dejar en libertad al presidente de PRISA, Jesús de Polanco. El diputado canario se preguntó: "Si a un juez se le puede procesar, ¿qué pasa con los ficales que han avalado esa presunción de prevaricación?".

Manuel Silva, portavoz de CiU, le recordó a Cardenal que la actuación de la fiscalía en el caso Sogecable "no se ha visto coronada precisamente por el acierto" y que si además un informe de la secretaría técnica de la fiscalía advertía desde el primer momento de la inexistencia de delitos, a la actuación se añade "cierta irresponsabilidad". Al juzgar el comportamiento de los fiscales de la Audiencia Nacional que intervinieron en este caso aseguró que le "corroe" la duda de si manda la fiscalía de la Audiencia o la Fiscalía del Estado.

Margarita Uría, del PNV, dijo que su grupo no encontraba "justificación" para la comparecencia del fiscal general y que tampoco observan ninguna irregularidad a lo largo de sus actuaciones.

Andrés Ollero (PP) salió en defensa del fiscal general, afirmó que se le había insultado; a quienes le criticaron les acusó de pretender lincharle e interpretó las quejas por la larguísima intervención de Cardenal como una muestra de que allí a nadie le importaba lo que se había relatado. La actitud de Ollero desencadenó numerosas protestas.