Sin salida y sin papeles

Buscaba la libertad y se topó con el encierro. Maillard Ogbhemhe, un nigeriano de 27 años, cruzó la alambrada de Melilla de forma ilegal el pasado 12 de febrero. Dos días más tarde llegó al centro de internamiento de Capuchinos, en Málaga, un centro para los inmigrantes indocumentados que van a ser devueltos a sus países de origen. Traía un papel en la mano: el expediente de expulsión. "Después de 27 días me abrieron la puerta y me dijeron: "Joven, viniste a España y ahí tienes la libertad que buscabas", explica en un correcto inglés. Pero le denegaron algo más importante: la cédula de inscripción.Maillard lleva ya más de mil kilómetros recorridos en España. Y no ha estado de turismo. "Al ver que en Málaga no tenía ninguna posibilidad de encontrar trabajo, me fui a Madrid". Allí tampoco le fue mejor. "Siempre obtuve la misma respuesta: sin papeles no hay nada para ti", dice mientras sus compañeros organizan las bolsas de comida que les trae el Ayuntamiento. Unos lo han intentado en Almería, otros en Barcelona o en Murcia: todos lo han intentado.

La historia de Maillard hay que multiplicarla por 90; por los 90 inmigrantes subsaharianos, en su mayoría de Nigeria, Malí y Senegal, que llevan encerrados desde el viernes en la catedral de Málaga para exigir documentación. El color de la piel no es la única característica que tienen en común. Ninguno de ellos puede ser expulsado -sus países de origen no los reconocen-, y todos ellos tienen recurrida la denegación de la documentación.

La Plataforma de Solidaridad con el Inmigrante, una entidad que agrupa a más de veinte colectivos, se ha unido a esta medida de presión. Y esgrimen sus razones con fuerza. Luis Pernia, secretario de esta organización, asegura que desde mediados de febrero -fecha en que terminaron los planes de acogida para los inmigrantes subsaharianos- han llegado más de 200 africanos procedentes de Melilla y que, después de pasar un máximo de 40 días en Capuchinos, "terminan deambulando por los parques y las playas de la ciudad".

"Doscientos negros reunidos en un mismo campamento llaman mucho más la atención que si están dispersos por todo el territorio nacional", señala un miembro de la plataforma. Pernia lo explica de forma más sutil: "La estrategia del Ministerio del Interior es desperdigar a todos los inmigrantes por el territorio nacional para que el problema sea menos evidente". Pero el resultado es el mismo: "Se les niega la documentación y, con ello, la posibilidad de acceder a atención sanitaria o a un trabajo que los saque de la marginación.

"No entiendo por qué se nos ve como una peste. Entre nosotros hay intelectuales, hay ingenieros", dice Matthew Osaigbow, un nigeriano que, a pesar de la seguridad con la que habla, sólo tiene 20 años. "Y uno de los intelectuales a los que me he referido soy yo". Como la mayoría, afirma haber estudiado ingeniería electrónica. "Soy una persona útil, con un don natural para el conocimiento", asegura.

El camino de Matthew comenzó en Nigeria hace casi dos años, para terminar en un país al que todos califican de libre. Atrás, como todos los que ahora comen bocadillos en el jardín de la catedral, ha dejado a su familia. "Un día me fui. Eso es todo. Cada uno tiene que tomar su camino en la vida". Y el suyo pasó por Níger, Argelia y Marruecos. Sólo espera que en Málaga haya llegado a su fin. "Sólo necesito que me den el permiso de residencia".

"Algunos tienen una visión que es muy ingenua, y tienen que ser conscientes de que no es tan fácil conseguir la documentación", asegura Pernia. Y encuentra el consuelo en un informe de la organización Málaga Acoge que es claro al respecto: la Ley de Extranjería sólo deja dos opciones: expulsión o documentación. Es una interpretación que el adjunto al Defensor del Pueblo en Andalucía, Sebastián de la Obra, reduce a contradicción: "Es una incoherencia que el Ministerio del Interior no pueda expulsar a unos ciudadanos y que los deje sin recursos para que se busquen la vida".

"Es una incoherencia que luego se hable de un supuesto malestar social causado por la inmigración cuando los culpables no son los inmigrantes, sino la Administración, que no responde con eficacia al problema", agrega De la Obra.