La Audiencia Nacional vuelve a plantear la inconstitucionalidad de Itoiz

El Tribunal Constitucional tendrá que decidir definitivamente sobre la cuestión de fondo en el contencioso de Itoiz. Con fecha de 17 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional volvió a plantear al alto tribunal la cuestión de inconstitucionalidad de varios preceptos de la ley foral de Espacios Naturales de Navarra, que a su juicio vulneran la legalidad constitucional con el propósito de legalizar a posteriori un proyecto que ya había sido invalidado por los tribunales.

La ley fue aprobada en junio de 1996 y el embalse fue declarado ilegal el año anterior. Con este nuevo auto, comunicado ayer a las partes, la Audiencia Nacional subsana los defectos de forma que provocaron la inicial inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad el pasado 21 de mayo. Ahora, una vez que sean escuchadas de nuevo todas las partes del conflicto (opositores al pantano, Gobierno de Navarra y abogado del Estado), el Tribunal Constitucional tendrá que calibrar si, como estima la Audiencia Nacional, diversos preceptos de esa normativa ambiental navarra expropiarían derechos colectivos constitucionalmente reconocidos, como la efectiva protección y salvaguarda legal de los espacios naturales protegidos. De hecho, al volver a plantear al Constitucional sus dudas sobre la constitucionalidad de esa normativa, la Audiencia ha añadido un artículo más de la ley foral: se trata del artículo 18.3, que permitiría la ubicación en las bandas de protección de las reservas naturales afectadas por el ambalse de Itoiz de infraestructuras declaradas de interés general. Esta previsión se hizo de forma específica para la nueva carretera que se está construyendo en el entorno del embalse. Acuerdos "ocultos" Por otro lado, la Coordinadora de Itoiz informará hoy sobre acuerdos que, según señala en un comunicado de prensa, han sido adoptados por el Gobierno de Navarra de forma "oculta" en sesiones celebradas este mes. En concreto, el colectivo opositor al pantano afirma que el pasado 15 de junio, además de decidir la contratación del abogado madrileño Eduardo García de Enterría para que elabore un dictamen jurídico de apoyo al embalse, se solicitó a la Audiencia Nacional el "alzamiento de las prohibiciones dispuestas , con asunción por el Gobierno de Navarra de todos los gastos derivados de la demolición de las obras de Itoiz y de reposición de terrenos afectados", en el caso de que, finalmente, el Tribunal Constitucional declarara la obra fuera de la legalidad. De igual forma, la Coordinadora asegura que el pasado 1 de junio el Consejo de Gobierno navarro aprobó otro acuerdo no dado a conocer a la opinión pública para "denunciar" las decisiones adversas de la Audiencia Nacional, que prohibió las obras de construcción de la llamada variante de Itoiz, una carretera de 2.000 millones de presupuesto que el tribunal ha ordenado parar en dos ocasiones y que el Gobierno navarro sigue ejecutando a pesar de los pronunciamientos judiciales.