Suspenso unánime

SIN NINGÚN voto en contra, el pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer suspender provisionalmente en el ejercicio de sus funciones al juez Gómez de Liaño, procesado por tres delitos de prevaricación presuntamente cometidos durante la instrucción de una querella contra Sogecable. Como argumenta el Consejo y corroboran las asociaciones de los jueces, una vez producido el procesamiento por tres delitos de prevaricación -«la conducta más grave que se puede imputar a un juez»-, era inevitable la suspensión. Otra decisión hubiera dañado gravemente la imagen de la justicia, por más que el fiscal general se pronunciara por aplazarla hasta que se resolviera el recurso anunciado por Liaño.La Ley Orgánica del Poder Judicial no ofrece dudas. Su artículo 383 establece como primer motivo de suspensión de un juez que «se hubiera declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Y el 384-1, que el Consejo del Poder Judicial «hará efectiva la suspensión previa audiencia del ministerio fiscal». Está claro, por tanto, que la suspensión es automática y que la opinión de la fiscalía no es vinculante. La intoxicación puesta en marcha por los amigos del juez Liaño insinúa que el Consejo ha desautorizado la opinión del fiscal, como si estuviera obligado a seguirla. En casos anteriores, la fiscalía se había manifestado siempre a favor de la suspensión inmediata y por la misma razón que ahora invoca el Consejo: la necesidad de salvaguardar «la confianza de la sociedad en la justicia».

También Liaño -convertido en las últimas horas en la estrella polar de los medios públicos y adheridos- se escuda en el respaldo que el fiscal del caso otorgó a las resoluciones ahora consideradas prevaricadoras. Ese fiscal, Ignacio Gordillo, salió también ayer en defensa del juez procesado, lo que no pasa de ser un ejercicio de autodefensa. Al defender a Liaño, Gordillo se protege a sí mismo, porque, efectivamente, avaló toda una serie de decisiones irregulares, y todas ellas en la misma dirección: la de orientar la causa de la manera que más perjudicase a los directivos de Sogecable (y PRISA).

Alain Minc escribió en su famoso libro sobre la sociedad mediática que «el juez de instrucción se convierte en un poder casi omnímodo cuando utiliza la prensa como caja de resonancia». Porque «el primer juicio, el de la opinión, equivale siempre a una condena». ¿Hay alguien medianamente informado que pueda dudar hoy de que ése era el objetivo de una conspiración iniciada por el falangista Campmany y continuada luego por una camarilla en la que participaban periodistas, jueces y fiscales? Dicen sus portavoces en las tertulias que es mucha casualidad que el archivo del sumario haya coincidido con la del procesamiento de Liaño, pero, para coincidencia, la de que todos los errores de Liaño en la instrucción del sumario se produjeran en el mismo sentido, obligando a siete revocaciones, siete, por parte de la sala correspondiente de la Audiencia.

Quienes convirtieron a Liaño en su héroe y tal vez le embarcaron en esta desastrosa aventura alegan ahora que se ha demostrado que no se puede aplicar la justicia a ciertas personas. En su estrategia de mantener vivo el proceso contra Sogecable se olvidaron tal vez de un pequeño detalle: que los jueces no pueden perseguir ni investigar a nadie, por influyente que sea, si no ha cometido un delito. Y ese pequeño detalle es el que ha motivado el procesamiento de Gómez de Liaño y la suspensión en sus funciones de juez. Mal que les pese, estas decisiones vienen a demostrar cabalmente que la igualdad ante la ley es un principio que alcanza a todos, incluso a los jueces cuando existen indicios racionales de que han cometido prevaricación. Y eso no cambia por muchos que sean los apoyos mediáticos o porque una emisora pública como Radio Nacional preste sus micrófonos por espacio de casi una hora al magistrado presuntamente prevaricador para despacharse a gusto contra el Tribunal Supremo. ¿Es para esto para lo que el Gobierno quiere los 130.000 millones que pretende cargar en los presupuestos anuales con destino a RTVE?