En el nombre del hijo

El coronel Arturo Vinuesa nunca podrá olvidar el Viernes de Dolores de 1992. Su hijo Arturo, de 26 años, recién licenciado como teniente, estaba haciendo el curso de mando de operaciones especiales y, tras unos ejercicios en el campo de San Gregorio (Zaragoza), tomaba las vacaciones de Semana Santa. Arturo regresó a Madrid para recoger a su hijo y viajar juntos al día siguiente hasta Cádiz, donde ya les aguardaba el resto de la familia. Quería evitar que su entusiasmo juvenil le llevase a recorrer de un tirón casi 1.000 kilómetros de distancia.A las 2.30 de la madrugada empezó a sonar el teléfono de su domicilio. Pasaron unos minutos antes de que el timbre persistente le sacara de las brumas del sueño. Descolgó y escuchó una voz: "¿Coronel Vinuesa?". "Sí". "Su hijo estaba haciendo unas maniobras, ya sabe". "¿Qué ha pasado?". "Ha tenido un accidente y ha fallecido". Los vecinos dijeron que les despertó un grito prolongado y que sintieron golpes secos contra las paredes y las puertas. El auricular quedó suspendido del cable.

El informe oficial firmado ese día, 11 de abril, por el jefe de estudios de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca (Huesca), teniente coronel Vicente Díaz de Villegas, calificó la muerte del teniente Vinuesa de "accidente imprevisible" que, "desgraciadamente, forma parte de las estadísticas cíclicas".

El joven falleció en el acto, alcanzado por dos proyectiles de una ametralladora AML, manejada por el sargento Diego Caballero. El tema táctico Murciélago consistía en la destrucción de un supuesto centro de transmisiones enemigo, una tienda de campaña en la que el teniente Vinuesa debía penetrar y colocar unas cargas después de que los lanzagranadas C-90 destruyesen sus imaginarias piezas de artillería y antes de que lo barriera el fuego de las ametralladoras.

"Me contaron que un sargento alumno se había precipitado disparando sobre la tienda donde estaba mi hijo cuando no debía", recuerda el coronel Vinuesa; "yo pensé: este sargento es un merluzo y hay que echarlo de inmediato, porque, si hace esto en tiempo de paz y en un centro docente, ¿qué hará en un combate real? Pero cuál es fue sorpresa al comprobar que no lo echaban a pesar de que hasta entonces se cumplía a ultranza la norma de que todo aquél al que se le escapase un tiro, aunque no causara ningún daño, iba de inmediato a la calle. Cuando pregunté por qué no lo expulsaban, me dieron largas. Yo soy militar hasta el tuétano. Quería creerme la versión más favorable para la escuela. Pero, precisamente por mis conocimientos profesionales, no podía comulgar con ruedas de molino".

La investigación abierta de oficio por el juzgado territorial número 32 de Zaragoza demostró que el ejercicio estuvo rodeado de una gran confusión. El sargento primero José Antonio Blasco, que acompañaba como instructor al suboficial que abrió fuego, declara que le preguntó antes de disparar: "¿Estás seguro?" "¿Por qué estás seguro?", se pregunta el coronel Vinuesa; "¿acaso no lo estaba él mismo? Y, si es así, ¿por qué no impidió que apretase el gatillo?".

El interior de la tienda de campaña debía estar iluminado, pero el Moncayo que soplaba esa noche y rompió las bombillas o un fallo en el generador dejaron el objetivo a oscuras. Las granadas iluminantes también fallaron, lo que no resulta extraño, ya que estaban caducadas desde muchos años antes. Aunque un alumno avisó de esta circunstancia, no se probaron en los ensayos previos, ya que éstos no se hicieron en el campo de San Gregorio, sino en el de Batiellas (Huesca), donde está prohibido su empleo. Cuando por fin se autorizó la reconstrucción judicial de los hechos, tampoco pudieron utilizarse: el Ministerio de Defensa había ordenado 10 días antes la destrucción de todo el lote aduciendo su gran deterioro.

El juez de Zaragoza procesó al autor material de los disparos. Su competencia le impedía llegar más arriba. El coronel Vinuesa decidió acudir al Tribunal Militar Central para demandar la responsabilidad de los organizadores del ejercicio: los tenientes coroneles Díaz de Villegas y Carlos Alemán y el comandante Cándido Alonso.

"Yo no deseo que vayan a prisión y he renunciado expresamente a pedirles cualquier indemnización económica", explica; "pero quiero que se reconozca el fallo que se cometió porque, si no se hace así, volverá a repetirse".

Las diligencias se centraron en las medidas de coordinación y seguridad que debían preceder a la acción de fuego. Según los mandos, eran tres simultáneas: el lanzamiento de una bengala blanca, la recepción de una orden por radio y el contacto físico con un enlace. En estas condiciones, el error humano resultaba impredecible.

Para comprobar esta versión, el coronel Vinuesa reclamó la orden de operaciones; es decir, el guión detallado con el desarrollo previsto del ejercicio y el papel de todos los participantes. Lo que recibió fue un informe redactado a posteriori y la respuesta de la escuela de que esa orden nunca existió, respaldada por la dirección de Enseñanza del Ejército, según la cual no era obligatorio hacerla en pequeñas unidades.

Por dos veces propuso el juez instructor el archivo de las diligencias abiertas contra los jefes, alegando que el ejercicio estuvo bien planteado y la trágica muerte del teniente se debió a la "precipitación del sargento" que disparó, provocada por un "exceso de celo" o "por la pérdida de la noción espacio-tiempo".

El coronel no se dio por vencido y su hija, abogada, localizó en diciembre de 1995 en Toledo a tres capitanes y antiguos compañeros de curso de su hermano, quienes declararon ante notario que sí se elaboró una orden de operaciones, que uno de ellos redactó personalmente, y que las medidas de seguridad no eran simultáneas, sino alternativas, de forma que bastaba una sola para abrir fuego.

Este testimonio explicaba, mucho mejor que la versión oficial, el error del sargento, quien confundió las granadas iluminantes, que apenas ascendieron debido a su mal estado, con la bengala blanca que señalaba el paso a la siguiente fase del ejercicio.

El pasado 26 de mayo, seis años después del suceso, el juez togado, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Militar Central, procesaba al capitán Cándido Alonso por un presunto delito contra la eficacia del servicio, castigado con una pena de seis meses a seis años de cárcel.

El auto judicial elude valorar, aunque implícitamente lo cuestione, "la absoluta necesidad de que, en tiempo de paz, se diseñe un ejercicio de instrucción en el que se emplee fuego real sobre un objetivo que pudiera estar ocupado por personas", pero argumenta que, "precisamente por no producirse en situación bélica, las medidas que deben adoptarse para evitar el menor riesgo para las personas que intervienen no deben ser ya extremadas, sino verdaderamente exquisitas".

Un requisito que, como es obvio, no se cumplió en un ejercicio en el que "sólo se demuestra una única medida de seguridad alternativa", donde "existió y ha desaparecido la orden de operaciones" y en cuyo desarrollo se produjo "el fallo de las granadas iluminantes, que causó una importante distorsión", según el auto.

Durante su largo pleito, el coronel Vinuesa, que fue agregado en Irak en la guerra del Golfo y tuvo su último destino como jefe de operaciones de los observadores militares en la ex Yugoslavia, pasó a la reserva sin alcanzar el ansiado generalato. Alguien le dijo, como advertencia o consejo, que su empeño en buscar culpables de la muerte de su hijo no era la mejor carta de presentación para el ascenso. Es difícil saber si influyó.

"Amo al Ejército con toda mi alma y, si volviera a nacer, intentaría ser militar de nuevo. El día que mi hijo me dijo que quería ingresar en la academia me dio una alegría inmensa. Pero no pongo al Ejército por encima de mi hijo o de la Justicia, ni creo que se le haga ningún favor ocultando los fallos de algunos de sus miembros", reflexiona.