La Diputación detecta fallos en las residencias privadas para ancianos de Álava

La Diputación de Álava ha iniciado una inspección de las residencias privadas para ancianos tras la aprobación del decreto que en abril dejó en manos de los entes forales vascos el control de este tipo de establecimientos. Esta supervisión ha evidenciado diversas carencias, centradas especialmente en aspectos urbanísticos y de personal, que en el caso de ser graves puede llevar al cierre de los centros por incumplimiento de la normativa.

El territorio alavés cuenta en la actualidad con un total de 37 residencias de titularidad privada, seis de ellas pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro y el resto propiedad de sociedades mercantiles, y ofrece los mejores números en cuanto a atención de ancianos y demenciados del País Vasco. Según los datos de la viceconsejería de Bienestar Social, de las 31.000 personas mayores de 65 años que viven en Álava, cerca de 600 se acogen a servicios de naturaleza privada, sean residencias, viviendas comunitarias o apartamentos tutelados. Sin embargo, las exigencias del decreto aprobado el pasado 8 de abril por el Parlamento vasco han evidenciado las carencias que existen en algunas de ellas. Según María Jesús Aguirre, diputada de Bienestar Social, no han surgido hasta el momento deficiencias graves, "pero se han encontrado problemas centrados en la calidad de la situación urbanística de los centros, y sobre todo en la cantidad y calidad del personal que trabaja en ellos". De esta manera, se ofrece un plazo de un año para que los propietarios adecuen las condiciones de la residencia a las medidas exigidas por la normativa. Entre ellas destaca la necesidad de que exista un trabajador por cada cuatro ancianos válidos, y uno por cada dos no válidos y que más del 65% de la plantilla tenga la titulación de ATS. Denuncias La Diputación y los ayuntamientos alaveses destinaron el pasado año a la atención a los ancianos cerca de 12.000 pesetas por habitante, con lo que casi triplican la media del País Vasco. Sin embargo, en el ámbito privado, familiares de enfermos de Alzheimer enclavados en el colectivo Afades han presentado diversas quejas ante Bienestar Social por el trato recibido por los ancianos y enfermos en alguna de las residencias de la provincia. "Si comprobamos que el tema es grave", dice Aguirre, "se abrirá un expediente a las residencias que puede acabar incluso con el cierre. Si no llega al cierre, se les realizará una recomendación". Más de la mitad de las plazas en residencias para ancianos que existen en Álava pertenecen a la institución foral, mientras en Guipúzcoa un porcentaje superior al 50% de las mismas son de titularidad de los diferentes ayuntamientos. En Vizcaya, el mayor peso corre a cargo de empresas privadas e instituciones sin ánimo de lucro.