El Consejo Asesor del Medio Ambiente tendrá más miembros designados por Castellá

El Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente, órgano consultivo creado en 1993 que encauza las opiniones de las entidades públicas y privadas en toda las iniciativas de la consejería, aumentará el número de sus miembros si prospera el proyecto de decreto elaborado por el consejero José Manuel Castellá. El borrador, que ayer discutió el propio consejo, aumenta en 11 el número total de miembros (ahora son 31) al dar más participación a los empresarios (de 2 a 3 representantes), a los sindicatos (de 4 a 6) y a los asesores designados por el propio Castellá (de 7 a 15).

El borrador de decreto estudiado ayer, que los miembros del Consejo Asesor y de Participación (CAPMA) apenas han tenido tiempo de analizar, sólo afectará al artículo cuarto del decreto de 1993, el que hace referencia a la composición. Hay sectores que siguen con la misma representación, como los integrantes de Medio Ambiente, que mantiene sus ocho miembros (Castellá, que preside el consejo, el secretario general, los tres directores generales y los tres directores de los servicios territoriales). Tanta presencia de la Administración ha sido muchas veces criticada por las entidades independientes. También mantienen su número los representantes de los municipios (2), de las universidades (uno de cada una), la comisión asesora (2) y las cámaras de comercio (2). Todos estos miembros, al igual que los representantes sindicales y de la patronal (ambos crecen) son elegidos por Castellá, pero siempre a propuesta de los entes afectados. Sin embargo, donde más crece el número de miembros del consejo es en el capítulo de "representantes de asociaciones de ámbito comunitario cuyo objeto social esté relacionado con la defensa del medio ambiente y la calidad de vida". Estos miembros son designados bajo el criterio de Castellá. Hasta ahora eran 7, pero el nuevo decreto los aumenta a 15. Precisamente los más críticos con esta composición son los grupos ecologistas, que hasta ahora sólo contaban con dos miembros (el mismo número que, por ejemplo, empresarios o representantes de las cámaras de comercio). Por eso, ahora auguran que aún quedará más diluida su participación. Según sus temores, al consejo se incorporarán representantes de los cazadores, de las asociaciones de regantes y de otros colectivos con intereses "muy puntuales" en el medio ambiente. Entretanto, el CAPMA estudió ayer el último borrador de la ley de caza (los ecologistas criticaron que no se erradicara la caza con parany), el mapa de zonas vulnerables a la contaminación de acuíferos por la utilización de nitratos agrícolas y la modificación del Plan Integral de Residuos que permitirá la construcción de la planta de Elche. Expediente abierto Por otra parte, la Diputación de Castellón ha contratado los servicios de Secolen, una empresa que tiene abierto un expediente por Medio Ambiente por las presuntas irregularidades cometidas en el funcionamiento del vertedero de L"Alcora, que podría conllevar una sanción de hasta 100 millones de pesetas. La comisión de gobierno ha adjudicación el servicio de recogida y transporte de tratamientos de lixivianos del vertedero de Altura, por el que pagará 4.000 pesetas por metro cúbico, lo que supone una cifra que ronda los 4 millones de pesetas. Según ha indicado el diputado delegado de Medio Ambiente, Ramón Vilar, el pliego de adjudicación de la contrata exigía la confirmación, por parte de la empresa, de contar con una planta en la que tratar este tipo de residuos. El caso es que en la provincia de Castellón sólo Secolen posee unas instalaciones capacitadas para ello, en la localidad de Vila-real. Además, Vilar ha asegurado que la diputación no efectuará ningún pago si la empresa no justifica que esos residuos han sido recogidos y tratados correctamente. En cualquier caso ha destacado que el servicio adjudicado no tiene nada que ver con las presuntas irregularidades cometidas en L"Alcora. El motivo de la apertura del expediente a Secolen se refiere a vertidos de residuos tóxicos y peligrosos, según se indicó desde el propio Castellá, que continúa con la investigación. Mientras, el Ayuntamiento de L"Alcora encargó una auditoría que confirma que la empresa cometió irregularidades en el vertedero controlado que gestiona en la misma localidad.