Los Prenafeta devuelven casi la mitad de lo cobrado en Parc Central

Las empresas de la familia Prenafeta, Pieles España y Tipel, tan sólo devolvieron 200 de los 450 millones de pesetas cobrados en concepto de comisiones por participar en las negociaciones para la instalación en Tarragona del macrocentro comercial Parc Central. La operación económico-financiera está siendo investigada por un juez de Tarragona y en el proceso figuran como imputados dos concejales del Ayuntamiento de la ciudad. La familia Prenafeta cobró de la sociedad Erosmer, filial de la cooperativa vasca de supermercados Eroski, 250 millones de pesetas, y del propietario de los terrenos, el constructor Carbonell Figueras, otros 200 millones. Las cantidades que recibieron de Eroski -el hipermercado ubicado en el centro comercial- correspondían a la intermediación de los Prenafeta para facilitar que se instalaran en Tarragona. El dinero percibido de Carbonell Figueras era para que Eroski le adjudicara la construcción del complejo comercial. Según publicó ayer la edición de Tarragona del diario El Punt, el representante legal de la familia Prenafeta, Josep Maria Vidal Mora, asegura en sus declaraciones judiciales que Pieles España y Tipel devolvieron a Erosmer 200 millones de pesetas de los 250 cobrados, pero no retornaron los otros 200 a Carbonell Figueras. Al final, Eroski negoció directamente la compra de los terrenos y Carbonell Figueras no construyó Parc Central. Según se desprende del sumario, Pieles España y Tipel invirtieron 112 de estos millones en la compra de acciones y el resto se destinó a pagar deudas a proveedores. Financiación ilegal El juez de Instrucción número 5 de Tarragona, Román González, investiga esta operación inmobiliaria en distintos campos. Por una parte, la posible evasión de capitales, ya que la sociedad que vendió el terreno a Eroski, en la que figuraba Carbonell Figueras, estaba domiciliada en las Antillas Holandesas. Por otra, la posible financiación ilegal de partidos políticos, es decir, a dónde fue a parar el dinero cobrado por la familia Prenafeta y el envío de cheques por parte de Carbonell Figueras a distintas formaciones políticas antes de la celebración de elecciones. Por último, el juez investiga si desde el Ayuntamiento de Tarragona se favoreció urbanísticamente a la cadena Eroski para posibilitar su instalación en la ciudad. El periódico añade que ninguna de las personas que ha declarado ante el juez involucra en los hechos a los dos concejales del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Vallvé, del Partido Popular, y Ángel Fernández, de Convergència i Unió. Vallvé era socio de una de las empresas intermediarias y Fernández era el concejal de Urbanismo de Tarragona cuando se llevó a cabo la operación.