Barreras democráticas
EL CONSEJO de Administración de Telefónica va a proponer a la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía un cambio en los estatutos encaminado a endurecer las condiciones para acceder a los cargos de consejero, presidente, vicepresidente o consejero delegado de Telefónica; además, se pretende aumentar el número mínimo de acciones que dan derecho a acceder a la Junta y limitar el derecho a voto para que ningún titular pueda representar más del 10% del capital. En síntesis, lo que Juan Villalonga y el Consejo actual proponen es lo que en el argot empresarial se conoce como blindar los órganos directivos interponiendo barreras restrictivas y condiciones más duras de representación en las instituciones de gobierno de Telefónica; tampoco cabe la menor duda de que tales propuestas recortan drásticamente los derechos de los accionistas, precisamente cuando las compañías más avanzadas y poderosas apuestan por la democracia empresarial y la gestión equilibrada y controlada desde la propiedad.Telefónica no es la primera sociedad anónima que blinda su consejo; otras lo han hecho, y el pretexto utilizado casi siempre es prevenir las operaciones hostiles de compra. Nada hay que decir desde el punto de vista legal de las modificaciones estatutarias, aunque las de tipo restrictivo no son precisamente un buen ejemplo de los códigos de buen gobierno de las sociedades. Pero en el caso de Telefónica hay que recordar que es una empresa recientemente privatizada, que su presidente fue nombrado por el Gobierno y que los actuales puestos en el Consejo no han sido renovados o ratificados en el normal juego democrático de la compañía después de la privatización.
Así que, mientras no medie una explicación más satisfactoria y específica que la socorrida apelación a las operaciones hostiles -que, por cierto, pocas veces lo son para los accionistas, que suelen ver cómo aumenta el valor de sus acciones-, la decisión del consejo de Telefónica sólo puede interpretarse como un recurso ventajista para dificultar los cambios en la dirección y gobierno de la compañía. La decisión última está en manos de los accionistas, que pueden y deben pedir las aclaraciones oportunas. Quizá sería el momento de que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones exprese su opinión y demuestre auténtica preocupación por el buen funcionamiento del mercado.
