La Mesa de la Cámara ratifica la advertencia al consejero Ortega

La omisión del consejero de Relaciones con el Parlamento, el andalucista Antonio Ortega, que no declaró en el Registro de Bienes e Intereses de la Cámara su condición de miembro del Consejo de Administración de la Caja San Fernando, se saldó como estaba previsto: con una advertencia. La Mesa del Parlamento ratificó, de esta manera, el dictamen aprobado por la Comisión del Estatuto de los Diputados, que, con los votos de socialistas y andalucistas, apoyó advertir a Ortega por su omisión. El dictamen de la Mesa, no obstante, señala que la "no consciencia" de la omisión u ocultación que se ha producido por parte de Ortega en ningún modo puede justificar en ningún caso lo ocurrido. La Mesa estudió el dictamen de la comisión, los votos particulares que presentaron Izquierda Unida y Partido Popular y las alegaciones que presentó Antonio Ortega. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en lo que es la descripción de los hechos, es decir, en que el consejero andalucista no declaró en el Registro de Bienes del Parlamento su relación con la Caja San Fernando. En donde surgieron las diferencias fue cuando se estudió la imposición de la sanción que corresponde a la infracción. Desproporcionado Todos los grupos rechazaron, por desproporcionado, sancionar a Ortega con los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Cámara. Estos artículos suponen el recorte de algunos de los derechos los diputados, como la petición de información o la asistencia al pleno con voz y voto. IU quería que se le impusiese una multa, algo que fue rechazado ya que Ortega cobra como consejero y no como diputado. El PP defendió que se le impusiese también una multa como parlamentario y que ésta se hiciese efectiva en el momento en el que Ortega cesase como consejero. Esta tesis es lo que técnicamente se llama una "expectativa de futuro", pero que también fue rechazada. La decisión final de la Mesa de la Cámara -la advertencia- recuerda la diligencia y escrupulosidad que los diputados deben tener en estos casos. La resolución de la Mesa de la Cámara fue aprobada por cuatro votos contra tres, los de PP e Izquierda Unida, que, desde el principio, han defendido que a Ortega se le impusiera una sanción de tipo económica. De esta manera, la Mesa del Parlamento ratifica el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, al que PP e IU presentaron votos particulares por estar en desacuerdo con la decisión adoptada por socialistas y andalucistas. Ortega defendió desde el principio que no presentó en el registro del Parlamento que no presentó su cargo en la Caja San Fernando por un "error burocrático" y recordó que, sin embargo, sí lo hizo en el registro que custodia la Consejería de Gobernación.