100 millones para conseguir una alcaldía
Eduardo Vellibre Roca, licenciado en Ciencias y ex profesor de un colegio religioso, ostentó cargos políticos desde 1980. Permaneció en la Consejería de Cultura y luego en la Adjunta a Presidencia del Govern Balear. Fue secretario general técnico, asesor y responsable de Protección Civil. Presidente del PP de Calvià, la segunda población de Mallorca, y dos veces (1991 y 1995) cabeza de lista, Vellibre fue apoyado por Aznar y su esposa, que hicieron campaña política en Calvià, en el Casino. Dimitió en febrero de 1996 al quedar involucrado directamente en la reapertura del caso Calvià. La acusación particular pide 100 millones de multa y seis meses de arresto para Eduardo Vellibre y su antiguo jefe, el ex diputado y ex consejero del PP Francisco Gilet -segundo del ex presidente balear Gabriel Cañellas, entre 1983 y 1993-, como responsables de la dirección política de la trama criminal del caso Calvià, el frustrado intento de compra del voto con 100 millones de pesetas de un concejal del PSOE para dar al PP la alcaldía de Calvià. Vellibre hubiera sido el alcalde de haber prosperado aquella maniobra de corrupción política. El Supremo condenó en 1994 a tres de los autores reconocidos, que en el juicio ampararon a la cúpula del PP. Según la sentencia, los autores "concibieron alentar y propiciar un cambio de gobierno [en Calvià] ya por estrictos móviles políticos, bien con vistas a ulteriores negocios particulares". Eduardo Vellibre, con el tiempo, quedó destapado: en 1994 se comprometió a firmar un documento privado para responsabilizarse del pago de la multa de 100 millones impuesta a uno de ellos, Andrés Bordoy, acuerdo que no cumplió. En el escrito entregado al juez José Castro por el condenado, Vellibre se autoinculpaba de "las circunstancias". Con las rúbricas de dos testigos, Vellibre firmó un escrito en el que asumía "la obligación de pago [de los 100 millones de multa]". El juez del Tribunal Superior balear que investigó la trama en 1996 lamentó que el objetivo de esclarecer la red oculta del caso Calvià "está lejos de haberse alcanzado" e indicó que las incertidumbres no se han despejado ya que algunos testigos "han ocultado o alterado [la verdad] de manera clamorosa". A este juez, Javier Muñoz, le sometieron a una escucha telefónica ilegal que no ha podido esclarecerse nunca. El Ayuntamiento de Calvià, del PSOE, y la acusación particular consideran a Gilet y Vellibre autores directos de un delito de cohecho, con el agravante de prevalimiento de cargo. La fiscalía no acusa porque cree que ha prescrito el delito, pero actuará para demostrar los hechos. "El hecho existe, constituye delito", afirma el fiscal Ramón Vázquez, quien atribuye así a Gilet y a Vellibre la dirección de la trama político criminal del soborno del caso Calvià. Gilet y Vellibre estaban en la trama oculta y no fueron juzgados en el primer juicio del caso (1993, en la Audiencia de Palma) porque los autores condenados no desvelaron hasta 1995 sus vinculaciones en el operativo inicial, ni se conoció su participación en las maniobras posteriores para tapar su vinculación y la del PP en los hechos delictivos.
