El Defensor del Pueblo pide a Prisiones más dureza con los funcionarios expedientados

El defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, entregó ayer al presidente del Congreso, Federico Trillo, el informe anual en el que se incluyen las 18.138 quejas tramitadas por la institución durante 1997. En el capítulo en el que se recogen las 10 nuevas investigaciones abiertas por malos tratos en las prisiones, el defensor es partidario de que la Administración penitenciaria aplique con más frecuencia las medidas disciplinarias a sus funcionarios, en lugar de " hacer un uso restrictivo" de las mismas " más allá de lo que parecería proporcionado".Durante 1997 el Defensor recibió 11.882 quejas individuales, "lo que representa un ligero ascenso respecto a 1996", según se recoge en el informe. De ellas, unas 6.000 fueron formuladas por ciudadanos de la Comunidad de Madrid. La mayoría de las reclamaciones son referidas al trabajo, la vivienda y la Seguridad Social y la educación, aunque también hay otras por discriminación por razón de sexo, política o pertenencia a una determinada clase social. El defensor ha dirigido 113 recomendaciones y sugerencias a diversas instituciones.

Uno de los aspectos seguidos con especial interés por el Defensor del Pueblo ha sido el relativo a las prisiones y a los casos de suicidios y malos tratos ocurridos en estos centros. En 1997 se iniciaron 9 investigaciones por fallecimientos de internos -por presunto suicidio, sobredosis de droga u otras causas-, apreciando que la Administración penitenciaria debería haber adoptado "más vigorosas medidas cautelares" para evitar que un recluso acabara con su propia vida.

Álvarez de Miranda critica que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no se decida a aplicar medidas cautelares contra funcionarios sometidos a investigación. "La adopción de estas medidas en casos concretos no entra en contradicción con el principio de presunción de onocencia que se mantiene siempre hasta que se sustancian las vías penales y administrativa".

Al Defensor del Pueblo no "le parece razonable , en algunos casos, que con la finalidad de evitar un perjuicio futuro a unos funcionarios no se adoptaran las medidas cautelares que el ordenamiento confiere a los gestores públicos cuando existen indicios claros que ponen de manifiesto una conducta irregular por parte de los funcionarios".

La institución recoge también quejas sobre las listas de espera qurirúrgicas y de diagnóstico, si bien aprecia un "descenso". Las mayores demoras -de hasta 26 meses- se refieren a las especialidades de traumatología y oftalmología. En Educación, se destacan las insuficiencias en equipamientos: sólo cuatro de los 42 centros estudiados disponen de todas las instalaciones estipuladas por ley. Los colegios en los que se imparte primero y segundo curso de secundaria suelen tener una dotación de profesores especialistas "francamente insuficiente".