UV acepta con "disgusto" la política de carreteras del PP en el Consell y profundiza sus desavenencias

La política en materia de carreteras del Consell ahondó ayer las desavenencias que mantienen desde hace tiempo los dos socios del Gobierno autonómico. En el pleno celebrado ayer, Unión Valenciana (UV) impidió con su abstención que prosperara una iniciativa socialista sobre la ejecución del II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana. Pero el voto regionalista no tuvo ayer nada que ver con la oriententación del discurso del diputado Filiberto Crespo. La intervención regionalista mantuvo en todas sus apariciones en la tribuna de oradores un discurso inequívoco de distanciamiento y reproche de las actuaciones del PP en materia de infraestructuras viarias. Criticó las prioridades del Consell -como la de asumir algunas titularidades de carreteras que ahora son estatales- y recordó que la Generalitat ha incumplido "promesas personales" a todo el hemiciclo como el de la carretera de Morella-Zorita. "Nos abstenemos por nuestro compromiso en las tareas de gobierno", dijo, "pero nuestra abstención es síntoma de disgusto por el incumplimiento de proyectos que se prometieron hace ya tiempo". La propuesta socialista fue rechazada por un voto, pero fue todo un aviso para el PP de lo que se avecinaba. La moción siguiente correspondía al polémico rescate de la concesión de la A-7, que ha conseguido prorrogar Aumar hasta el 2013 y que UV ha pedido reiteradamente al Consell que rectifique y la convierta en una autopista gratuita. El debate de esta propuesta se aplazó y en el pleno se extendió la sensación de que el PP va a retrasar al máximo esta patata caliente, que puede provocar un nuevo enfrentamiento entre los dos socios. El debate también sirvió para una agria discusión entre populares y el resto de la Cámara por las más de 3.000 familias que pidieron ayudas para acceder a un piso de precio tasado entre la finalización del primer Plan de Vivienda (1992-1995), cuando la administración era socialista y el Plan de Vivienda ( de 1996 a 1999), bajo el Ejecutivo de Eduardo Zaplana. Estas familias, pese que pudieron formalizar todas sus peticiones ante la Administración popular, han quedado atrapadas en un vacío legal ya que en el periodo en el que hicieron las solicitudes, de octubre de 1995 a junio de 1996, no había Plan de Vivienda. Muchas familias compraron una vivienda y solicitaron ayudas (de octubre a febrero) en un momento en que no había cobertura jurídica para las solicitudes. Sin embargo, como recordaron ayer el diputado Pasqual Mollà, de Esquerra Unida, y Enrique Ayet, del PSPV, se siguieron aceptando las solicitudes desde la Administración. El PP consideró, por boca del diputado Manuel Ortuño, que no hay lugar a reclamación y que el problema es consecuencia de la calificación, por parte del anterior ejecutivo socialista, de 22.000 viviendas más de las previstas a pocos meses de acabar el primer plan y de las últimas elecciones. Las recomendaciones para tratar de buscar una solución que propuso en su día el Síndic de Greuges fueron criticadas por el PP al igual que hizo ayer Ortuño con la oposición que forman en el hemiciclo Nova Esquerra, Esquerra Unida y PSPV, que pidió en bloque que el Consell dé marcha atrás y retome "políticamente" el conflicto como se ha hecho en otras comunidades.