Francia planea un nuevo marco legal que incluya todas las nuevas formas de familia

En 1997 el 87% de las parejas francesas decide constituirse sin pasar por la vicaría o el Ayuntamiento. En 1965 sólo un 15% lo hacía. Más de las mitad de los hijos que nacen hoy en Francia lo hacen sin que exista vínculo matrimonial entre la pareja. Para afrontar «las mutaciones de la familia y de la vida privada» la socióloga y jurista Irène Théry, por encargo de Martine Aubry, ministra de Empleo y Solidaridad, y de Elisabeth Guigou, ministra de Justicia, ha elaborado un informe para contemplar los cambios derivados de los nuevos hábitos sociales y propone un nuevo marco legal.

El informe, que culmina en 135 proposiciones concretas, ha de ser discutido públicamente el próximo 12 de junio, dentro del marco de una Conferencia sobre la familia que se quiere acto fundador de una política familiar de la izquierda. Irène Théry organiza su reflexión en tres ejes: la pareja, la filiación y la sucesión.La primera sugerencia consiste en reconocer la variedad de parejas existentes y acabar con la legislación actual, que sólo admite derechos entre personas de distinto sexo. «Esa actitud reposa sobre la condena moral de la homosexualidad y va en contra de la evolución de nuestra sociedad», escribe Théry. Con eso no pretende equiparar las parejas homosexuales a las heterosexuales, entre otras cosas porque a aquéllas no se les reconoce el derecho a adoptar hijos con las consecuencias que de ahí se derivan, pero el informe sí quiere en cambio que haya igualdad ante la ley entre matrimonios y concubinos con hijos y entre todas las parejas «de hecho», es decir, que demuestren, a través de facturas de alquiler, electricidad u otras vías, la continuidad de la vida de pareja.

Si el reconocimiento de un hijo, en tanto que acto jurídico específico, es importante y sirve para poner fin a la discriminación entre hijos legítimos y naturales, el vivir en pareja abre la puerta a la extensión de una serie de derechos sociales: fiscalidad, pensiones de vejez, de accidente de trabajo, viudedad o invalidez, por ejemplo. En cualquier caso Irène Théry no es favorable ni al Contrato de Unión Social ni al llamado Pacto de Interés Común, que se limita a organizar la comunidad de bienes, porque «comporta confusión simbólica e injusticia social» en la medida en que «no se toman en consideración los vínculos humanos y sí sólo los vínculos financieros».

Secuencias vitales

Un caso como el de Yves Montand, que en vida se negó a someterse a unas pruebas de paternidad a las que luego sí han sido sometidos sus restos mortales, es considerado «chocante» y lleva al informe a preguntarse críticamente sobre «la tendencia creciente a organizar el secreto de los orígenes».Sobre los derechos de los hijos la lógica del informe surge de la consideración de que «no hay ninguna fractura sociológica que separe los casados de los concubinos como tampoco la hay entre las familias clásicas, las monoparentales o las nuevas familias, pues no se trata de modelos alternativos sino de secuencias del ciclo de vida familiar».

Por eso se tienen en consideración los derechos y deberes de padrastros y madrastras al mismo tiempo que los de los padres biológicos, se quiere regular de otro modo el derecho de visita de los hijos o establecer otros criterios a la hora de determinar una pensión alimenticia.

Respecto a la sucesión, el informe parte de una evidencia: «Sólo los mejor informados y los más ricos logran orientarse dentro del laberinto» de posibilidades para proteger al miembro superviviente de una pareja. Théry afirma que es injusto imponer a los concubinos como si se tratase de herederos desconocidos, que estos también pagan un porcentaje -60%- «excesivo» en caso de herencia y denuncia que no todos los hijos tengan los mismos derechos. Se trata de revisar todos los detalles del derecho sucesorio, pero también la ideología subyacente que lo rige.

Ataques esperados

El informe y sus 135 propuestas aún no es conocido en su integralidad pero a nadie escapa que será objeto de ataques desde todas las posiciones, desde una concepción clásica que sólo admite la familia tradicional o desde la del liberalismo radical que sólo se interesa por los derechos del individuo, pero también por parte de ciertos corporativismos.Así, jueces y abogados, ya dieron a conocer su disconformidad con la reflexión de Elisabeth Guigou, que sugiere la posibilidad de añadir una nueva forma de divorcio a las cuatro existentes: el divorcio a partir de una propuesta común.

En ese caso los cónyugues pueden romper su vínculo de mutuo acuerdo y sin necesidad de intervención ni de jueces ni abogados. Muchos -se habla de entre un 20% y un 30%- de los 120.000 divorcios anuales podrían resolverse así, con el subsiguiente ahorro de dinero por parte de los interesados y alivio de la colapsada administración de Justicia.