El Gobierno actuó en contra de la ley en el Carraixet, según el Supremo
El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que el Gobierno central actuó en contra de la Ley de Aguas en las obras de encauzamiento del barranco del Carraixet, en L"Horta Nord. Una de las grandes obras de ingeniería hidráulica ejecutadas en la Comunidad Valenciana, con una inversión de 5.000 millones de pesetas y un millón y medio de metros cúbicos de tierra excavada. Al igual que la Audiencia Nacional, el TS ha declarado nulo el proyecto del Ministerio de Fomento -Obras Públicas en aquella época- por no realizar el "obligatorio" estudio sobre el impacto ambiental de unas obras que iban a tener "incidencia en el dominio público hidráulico". El Bloc Nacionalista Valencià (BNV), que colabora con los vecinos de la comarca que presentaron el recurso contra las obras, afirmó ayer que van a exigir al juez encargado del caso en la Audiencia Nacional que "ejecute la sentencia". En su opinión, el juez debe decidir si hay que modificar elementos de la obra que hayan dañado al medio ambiente o si se debe recuperar la flora autóctona que crecía en sus márgenes. Pero lo más importante de esta "victoria judicial" -similar a las sentencias en contra del Estado de la presa de Itoiz, en el País Vasco, o la laguna de Santoña cruzada por una carretera, según el BNV- es "la repercusión que puede tener para otros parajes amenazados, como los humedales que no han sido catalogados por el Consell", advierten. Esta primera fase de obras para evitar las inundaciones del Carraixet -de Tavernes Blanques al mar- fue ejecutada en 1996 por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este organismo planea invertir otros 10.000 millones en el tramo superior del Carraixet, hasta Bétera.
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