Calderón se acoge a la ley de secretos ante la juez que investiga las escuchas a HB

El director general del Cesid, Javier Calderón, declaró ayer como imputado ante la titular del juzgado de instrucción número 2 de Vitoria, Carmen Lasanta, que investiga las escuchas descubiertas en la sede de Herri Batasuna (HB). La declaración de Calderón fue muy breve, según fuentes próximas al caso, ya que se acogió a la ley de Secretos Oficiales, que impone el deber de guardar reserva sobre las operaciones del Cesid. La juez, que no le impuso medidas cautelares, decidió prolongar el secreto de las actuaciones decretado cuando se presentó la denuncia hace un mes.

La presencia del máximo responsable de los servicios secretos pasó inadvertida en los juzgados de Vitoria, donde permaneció aproximadamente una hora. El teniente general en la reserva Javier Calderón, vestido de paisano y con un ojo tapado a consecuencia de la operación de cataratas a la que fue sometido hace una semana, acudió acompañado por un abogado y se marchó tras prestar declaración, sin que la juez adoptase medidas cautelares contra él, según las fuentes consultadas.El director general del Cesid fue citado como imputado por un presunto delito de escuchas telefónicas ilegales, que los artículos 197 y 198 del Código Penal castigan con penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Calderón se acogió a la Ley de Secretos Oficiales para no contestar las preguntas relacionadas con la base que el Cesid tenía sobre la sede de HB en Vitoria, lo que explica la brevedad de su declaración.

Conflicto de jurisdicción

La misma actitud adoptó hace una semana el agente Mario C. G., cuya localización fue ordenada por la juez tras encontrar en el piso del servicio secreto un documento con su nombre. La instructora deberá dirigirse al Consejo de Ministros si quiere que los miembros del Cesid queden eximidos de su deber de guardar reserva y puedan prestar declaración.Adelantándose a esta solicitud, fuentes gubernamentales señalaron el pasado viernes que el Consejo de Ministros estaba preparando un acuerdo para declarar materia reservada todo lo relacionado con el espionaje a la sede de HB, lo que todavía no se ha producido.

Si el Gobierno se niega a desclasificar los datos que interesan a la juez, lo más probable es que se produzca un nuevo conflicto de jurisdicción, como el que enfrentó al Ejecutivo socialista con el juez Baltasar Garzón a propósito de los llamados papeles del Cesid.

Durante la comparecencia de Calderón sólo estuvo presente el representante del Ministerio Fiscal, ya que el secreto de las actuaciones impide intervenir al letrado de HB, Íñigo Iruin. Precisamente, la instructora prorrogó ayer, pocas horas antes de que concluyera el plazo, el secreto de las diligencias que decretó la juez de guardia el pasado 31 de marzo, cuando se interpuso la denuncia.

La coalición radical ha presentado también denuncias por presunto espionaje en los juzgados de Bilbao y Pamplona, por lo que es probable que la investigación del caso acabe siendo competencia de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, reconoció el pasado día 21 en el Congreso que las escuchas descubiertas en el local de HB de Vitoria eran obra del Cesid y defendió la legitimidad de la operación, pese a su "apariencia de ilegalidad".

Serra advirtió que la actual legislación impide que los servicios secretos puedan obtener autorización del juez para realizar intervenciones telefónicas, por lo que pidió un amplio consenso para llenar este vacío legal. Con ese objetivo, el titular de Defensa se ha reunido en los últimos días con los portavoces de casi todos los grupos parlamentarios de la oposición.

A nivel interno, el espionaje a HB ha provocado el cese de dos altos cargos de la División Interior del servicio secreto, dos militares con una graduación equivalente a coronel.

A uno de ellos, responsable directo de la base de escuchas del Cesid en Vitoria, se le han atribuido los fallos técnicos que permitieron su descubrimiento. El segundo, destinado en la sede del Cesid en Madrid, habría sido relevado por las fugas de información a otros departamentos o, en palabras del ministro Serra, por "falta de la imprescindible estanqueidad".