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Gutiérrez y Méndez acusan a la CEOE de romper el diálogo por cálculo político

El diálogo entre la patronal y los sindicatos se está quebrando. Los líderes de CC OO y UGT, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez, confirmaban ayer que existen serias dificultades en la mesa abierta sobre reducción de la jornada laboral y acusaron a la CEOE de haber abandonado «la cultura de negociación por cálculos políticos». Su impresión es que los dirigentes de la patronal han llegado a la conclusión de que «el Gobierno no necesita ya el diálogo social para consolidarse».

Los secretarios generales de UGT y CC OO han detectado «cambios» importantes en la cúpula de la patronal, ya que hace un año, tras cerrar el pacto de la reforma laboral, reconocían que había que abordar la reducción del tiempo de trabajo y ahora se niegan a discutirla. Pese a esas dificultades y discrepancias, los sindicalistas lanzaron esta advertencia a la patronal y al Gobierno: «No nos vamos a cansar de exigir la jornada de 35 horas», y de hecho ésa será la petición central del Primero de Mayo y de las movilizaciones posteriores.

Su propósito es romper el «círculo vicioso» en el que, a su juicio, se han situado la CEOE y el Ejecutivo: la primera «cerrándose en banda» a un acuerdo general sobre reducción de jornada, y el segundo con «una negativa rotunda a cualquier iniciativa legislativa» para aplicarla.

Para ello recurrirán a los dos tipos de estrategia con que cuentan. Intensificarán el trabajo a través de la negociación colectiva e impulsarán las movilizaciones para presionar y para elevar la conciencia social sobre la necesidad de reducir el tiempo de trabajo en favor del empleo.

Gutiérrez y Méndez emplazaron al presidente de la patronal, José María Cuevas, a que dé «una respuesta clara y urgente» y diga si está dispuesto o no a mantener la negociación.

(El presidente del comité de Gobierno de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, manifestó ayer su apoyo a la reducción de la jornada laboral a 35 horas y pronosticó que en las próximas décadas se podría llegar hasta las 30 horas.)

Además de las radicales discrepancias sobre la jornada de 35 horas, las otras mesas comprometidas en la reforma laboral tampoco marchan bien, y apenas hay avances para modificar las normas de actuación de las empresas de trabajo temporal (ETT) y para cambiar la estructura de la negociación colectiva, a excepción de lo pactado en el sector del metal. Si no se vencen los escollos, se quebrará un fértil diálogo social iniciado hace cuatro años y que ha producido importantes acuerdos.

Primero de Mayo del euro

Este Primero de Mayo coincide con una fecha clave. Al mismo tiempo que los trabajadores estarán manifestándose en las calles, los gobiernos europeos estarán reunidos en Bruselas para formalizar la aprobación del euro. Por ello, el movimiento sindical español, al igual que el del resto de los países comunitarios, aprovechará sus mítines y manifestaciones para reclamar que la unión monetaria sea «un instrumento a favor del empleo y la equidad». Respecto a la posición de las autoridades españolas ante la unión monetaria, Gutiérrez calificó de «inadmisible» que el vicepresidente económico Rodrigo Rato y «ex ministros socialistas que hoy apoyan a la derecha», en clara referencia a Miguel Boyer, digan que se tienen que moderar más aún los salarios. «Se miente cuando se presenta la evolución de los costes laborales unitarios como el gran peligro para el empleo», afirmó el líder de CC OO.

El secretario general de UGT aseguró: «El euro y la unión monetaria puede ser, o bien la gran oportunidad para resolver el paro y reforzar la democracia en Europa, o el gran fracaso social».

Los dos sindicatos impulsaron también ayer manifestaciones de los delegados de prevención en las capitales de provincia para exigir el cumplimiento sin más demoras de la ley de salud laboral. Esta movilización, según CC OO, pretende ser «una llamada de atención a los empresarios que con su actitud de incumplimiento ponen en peligro la seguridad de los trabajadores». En Madrid, el sector de la construcción paró para denunciar la elevada siniestralidad que este año ha causado ya la muerte de 22 trabajadores.

El Gobierno reconoce el incumplimiento de esa ley ya que tiene previsto aprobar en breve una nueva tarifa relativa a accidentes laborales, con la que se pretende favorecer a los empresarios que apliquen la ley y logren reducir la siniestralidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de abril de 1998

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