Un conflicto de un millón y medio de víctimas

Juan Gerardi era el máximo encargado del informe Recuperación de la Memoria Histórica presentado en Ciudad de Guatemala el pasado viernes. El informe es un recuento sobre las atrocidades cometidas durante la guerra civil de Guatemala, que duró 36 años y cuya paz se firmó en diciembre de 1996. El documento, titulado también Guatemala: nunca más, presenta un informe final que aborda los siguientes temas: los impactos individuales, familiares y comunitarios de la violencia; los mecanismos del horror (cómo se hicieron las matanzas, las torturas, los métodos que emplearon los aparatos de espionaje y las fuerzas insurgentes y contrainsurgentes contra la población; el entorno histórico: el proceso político, económico y militar desde los años cincuenta hasta la firma de la paz; y fi1almente, las víctimas del conflicto (nombres de las víctimas de las matanzas, muertos, desaparecidos y torturados).

Para el informe, las víctimas directas de la guerra son, aproximadamente, 150.000 personas muertas; 50.000 desaparecidos; un millón de refugiados; 200.000 niños huérfanos; 40.000 mujeres viudas. En total, 1.440.000 víctimas.

Al Ejército se le responsabiliza directamente de 32.978 víctimas (60%); a los grupos paramilitares se les atribuyen 3.424 muertes (6,2%); al Ejército más los grupos paramilitares se les hace responsables de 10.602 víctimas (19,3%). De estos últimos datos se deduce que el Ejército es autor de 43.580 muertes (79,2%). A la guerrilla se la responsabiliza de 5.117 fallecidos (9,3%). De las víctimas, el 74,5% fueron adultos, y tres de cada cuatro eran indígenas.

Como recomendaciones para superar 36 años de cruenta guerra civil, el informe plantea que el Estado debe reconocer públicamente los hechos y sus responsabilidades en las violaciones masivas y sistemáticas contra la población. Por su parte, la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y otros actores armados deben hacer lo mismo, según el informe.

El Estado debe asumir como alta prioridad la investigación del destino de los casos de desaparecidos, a través de una comisión, con recursos y sin plazos, para que trabaje coordinadamente con los poderes públicos, prosigue el informe. El documento expone que para que la paz sea efectiva debe llevarse adelante un proceso de desmilitarización social que garantice la disminución de la influencia militar en la sociedad civil.

El informe concluye que el Estado debe facilitar la devolución de la memoria a las comunidades y grupos que fueron afectados por la guerra para que se pueda alcanzar la reconciliación nacional.