Zedillo y los empresarios urgen al Congreso a la reforma constitucional

El presidente mexicano, Ernesto Zedillo, reclamó de los legisladores nacionales mayor celeridad en su trabajo, "responsabilidad republicana", a fin de que sean aprobadas las enmiendas constitucionales necesarias para consolidar la democracia y construir un país más justo y desarrollado. El titular de la Asociación de Banqueros, Carlos Gómez, acompañó al jefe de Gobierno en esa demanda cuando recabó de diputados y senadores que ventilen de una vez los asuntos pendientes y encuentren fórmulas capaces de recuperar el valor de los activos bancarios dañados por la crisis financiera de 1995.

Están en juego, advirtió Gómez, la viabilidad de miles de empresas. Además de un paquete financiero, el Ejecutivo envió, hace semanas, al Congreso un proyecto de ley sobre autonomía indígena, encaminado a solucionar el conflicto de Chiapas, pero cuya traducción constitucional afectará a diez millones de indígenas mexicanos. Pese a la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y el interés de la inversión extranjera por México, el retraso legislativo en la aprobación de los proyectos más urgentes, y la demora en acometer con mayor profundidad la reforma del Estado, son demostrativos de la situación creada por nueva correlación de fuerzas políticas en México, y de las dificultades encontradas en la coordinación de políticas. El sector empresarial, cuya dirección remitió cartas a los legisladores instándoles a terminar las enfrentamientos personales o partidistas, no reniega del debate pero lo quiere eficaz y más diligente. Adán Rivera, presidente de la Asociación de Industriales de la Transformación, denunció un inmovilismo lastrante en el hemiciclo. No es el momento de discutir problemas del pasado, dijo, 11 para ello no fueron elegidos los diputados como nuestros representantes".

Cheque en blanco

Aun asumiendo la marcha lenta de sus trabajos, los legisladores, incluidos varios del oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI), citan la complejidad de algunas de las materias sometidas a su consideración, y su negativa a extender un cheque en blanco, a votar favorablemente asuntos insuficientemente meditados. Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) exculpó la tardanza con una alusión a los cambios políticos registrados por México tras las últimas elecciones: "Tenemos un nuevo Congreso que ya no puede ser controlado por el Ejecutivo". El gobemante PRI, que conservó el poder durante 69 años, se mantiene como primera fuerza parlamentaria con 238 diputados y 77 senadores (39,1%) pero sin mayoría absoluta; el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) cuenta con 121 y 33 respectivamente (26,6%), y el PRD, con 126 diputados y 16 senadores (25,7%). El diputado del PRI Óscar González comunicó a su jefe de grupo, Arturo Nuñez, su rechazo a secundar las medidas sobre el destino del oficial Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) sin conocer la identidad de los beneficiarios de los multimillonarios recursos arbitrados para rescatar a la banca de una crisis fulminante, y al país de un alarmante desbarajuste. Ese fondo fue utilizado por el Gobierno para evitar la bancarrota después de la devaluación de diciembre de 1994. A través de la compra de carteras de crédito y de activos, el Fobaproa tiene en su poder activos bancarios por unos 42.000 millones de dólares (en tomo a los 6,5 billones de pesetas).