El Gobierno estudia declarar materia reservada las escuchas del Cesid a HB

El Gobierno estudia la posibilidad de declarar materia reservada las escuchas del Cesid a Herri Batasuna a fin de impedir que, como acusación particular, la coalición independentista pudiera tener acceso a información relativa a la seguridad del Estado. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, afirmó ayer que "la Constitución exige de manera inexcusable la intervención judicial [en las escuchas] siempre que se vulnere un derecho fundamental".

El Gobierno, informa Europa Press, está sopesando la posibilidad de declarar materia reservada las escuchas realizadas por el Cesid a Herri Batasuna (HB) en Vitoria con el objetivo de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad, Blanca Fernández, no pueda continuar con la investigación. De este modo se impediría que cualquiera de las partes, incluida la coalición independentista, conociese sobre el caso o, lo que es igual, pudiera tener acceso, personándose como acusación particular, a información relacionada con los servicios de inteligencia. Según las fuentes consultadas por la mencionada agencia, el Gobierno no quiere adoptar ninguna decisión que pueda ser malinterpretada y utilizada en su contra. Así, antes de resolver, podría aguardar a ver el desarrollo de las actuaciones de la juez, por si ésta, una vez tomada declaración a los agentes del Cesid relacionados con esta operación, considerase legítimo su proceder y cerrara el asunto.

Mientras tanto, el presidente del Tribunal Constitucional, Alvaro Rodríguez Bereijo, se unió ayer al del Supremo, Javier Delgado, en clara discrepancia con lo manifestado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando aseguró que el Cesid "cumplía con su obligación" al espiar telefónicamente a HB sin previa autorización judicial.

Rodríguez Bereijo declinó referirse concretamente a tales escuchas, pero dejó claro su criterio, desde la presidencia del órgano máximo intérprete de la Constitución, de que es imprescindible la autorización judicial para la interceptación de un teléfono, ya que está en juego el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, garantizado por el artículo 18.3 de la Constitución.

La intervención de Bereijo se produjo en el IX Seminario de Administración y Economía Pública, organizado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Al hablar sobre La justicia constitucional en la España democrática, explicó que la norma fundamental "es muy clara en lo que se refiere a la tutela de algunos derechos fundamentales, como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones personales y telefónicas", y aseguró que toda injerencia de los poderes públicos o de otros estamentos requiere la intervención de los jueces, "bajo distintas modulaciones y condiciones, según los derechos fundamentales de que se trate".

Frente a quienes defienden las escuchas a HB en función de que es más grave violar el derecho a la vida que el secreto de las comunicaciones, Bereijo admitió que, cuando se produzca un conflicto entre derechos fundamentales -según reconoció, "no son absolutos ni ilimitados"-, "sí se puede hacer la ponderación entre uno y otro". Pero matizó que ésta "no se puede hacer para eludir la necesaria intervención judicial", sino que es precisamente el juez, "ponderando los derechos en conflicto", quien acordará "en qué medida, cómo y hasta cuándo puede ser afectado un derecho fundamental". Y añadió: "Sólo tras esa ponderación, el juez puede autorizar motivadamente la restricción del derecho fundamental".

Las investigaciones abiertas por las escuchas a HB -tanto la de Vitoria como las supuestas de Bilbao y Pamplona- podrían llegar a la Audiencia Nacional, según fuentes judiciales vascas, al afectar a dos comunidades, infórma Pedro Gorospe.