Delgado recuerda al Gobierno que la eficacia está supeditada a la legalidad

Javier Delgado Barrio, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), declaró ayer que "nunca la eficacia puede justificar la vulneración de la legalidad", sino que "la eficacia debe estar siempre subordinada a la legalidad", y añadió: "No lo digo yo; lo dice la Constitución". Estas declaraciones, a preguntas sobre las escuchas a HB, se produjeron pocas horas después de que el Gobierno defendiera en las Cortes los pinchazos telefónicos a HB sin la autorización judicial que exige la Constitución.

Al margen de dicha exigencia, establecida en el artículo 18.3 de la Norma Fundamental, el presidente del Supremo y del CGPJ invocó el artículo 103 de la Constitución (dentro del título dedicado al Gobierno y la Administración), según el cual "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho". Delgado hizo estas manifestaciones tras inaugurar el IX Seminario Permanente de Administración y Economía Pública, organizado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset bajo el lema Situación y perspectiva de la justicia en la democracia española. En su disertación, Delgado explicó que nada de lo que dice la Constitución es mera retórica (como en ocasiones plantearon incluso algunos magistrados). Por el contrario, estimó que los preceptos constitucionales son plenamente aplicables y exigibles, y de ahí que el poder judicial sea un auténtico poder, que asume, entre otras funciones la del control de otro poder del Estado, como es la Administración, que depende del Ejecutivo.

Para el presidente del Supremo y del CGPJ, eficacia y legalidad son dos principios recogidos por la Constitución, pero con distinta entidad. Delgado afirmó tajantemente, según Europa Press: "La eficacia opera siempre dentro de la legalidad y no puede servir nunca de base para vulnerarla. Nunca la eficacia puede servir como justificación de la vulneración de la legalidad".

Resultados "desastrosos"

Respecto a lo que opinan los ciudadanos sobre la justicia, manifestó que las encuestas ofrecen unos resultados "desastrosos", pero opinó que la realidad es mejor que la imagen. Explicó que de las 1.325.600 sentencias dictadas en 1997, sólo una pequeña cantidad son de "casos estrella", de tal forma que menos de un centenar son las que crean la imagen desfavorable a la Justicia. También el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, que intervino en el mismo seminario, preguntado sobre las escuchas del Cesid a HB, afirmó que "cuando en un Estado de derecho la legitimidad no se corresponde con la legalidad, estaríamos en una situación de crisis de ese Estado de derecho". Sin embargo, estimó que no creía que en España se haya alcanzado ese punto.

Por su parte, el portavoz del CGPJ, Benigno Varela, preguntado sobre el mismo asunto, manifestó que "las escuchas sin autorización judicial no son conformes a la Constitución", por lo que, para que fueran legales, según dijo, habría que cambiar la Carta Magna. Expresó su ignorancia sobre lo que el CGPJ haría en caso de que se estableciera una nueva regulación legal sobre la materia, pero insistió en que "todo tipo de escucha necesita autorización judicial y, en principio, habría que atenerse a ello".