Un juez indaga el destino de 23 millones que no llegaron a las arcas de Orihuela

VIENE DE LA PÁGINA 1 La propuesta del PP para conseguir dotaciones universitarias en Orihuela, aprobada con la única abstención del concejal de EU, consistía en canjear tres parcelas municipales de terreno urbanizable (que sumaban 4.006 metros cuadrados) por dos parcelas urbanas, con edificación incluida, que miden 4.422 metros cuadrados. Los técnicos municipales valoraron las propiedades públicas objeto de la permuta en un total de 143.555.826 pesetas, mientras que el terreno que aportaba Construcciones Rucorsa se valoró en 143.528.826 pesetas. Seis meses después de ese pleno, el 14 de enero de 1997, la operación quedó registrada en el despacho del notario local Antonio Artero García. En ese acto se levantó escritura pública de la permuta, que firmaron Enrique Sánchez López, en representación de la mercantil, y el alcalde José Manuel Medina por el Ayuntamiento, asistido por la funcionaria María Jesús Martínez, en calidad de secretaria accidental del consistorio. En ese acto, Construcciones Rucorsa renuncia a la exención del IVA, condición aceptada por el alcalde pese a que la normativa vigente no contempla tal posibilidad en estas operaciones. El Ayuntamiento, por su parte, reconoce expresamente su consideración de sujeto pasivo del IVA, con derecho a la deducción plena de la cuota impositiva resultante de la operación, cuando no cabe tal consideración al tratarse de la parte adquiriente, según especifica el Reglamento del IVA. El importe de la cuota del IVA, calculada con el tipo del 16%, ascendía a 22.968.932 pesetas, que el representante de la mercantil paga en el acto de firmar la escritura, de forma que ese documento se convierte en una carta de pago. El PSPV siguió la pista a ese dinero, hasta comprobar que el ingreso no se ha registrado en las arcas municipales, mientras que la empresa lo declaró en la liquidación trimestral de este impuesto inmediatamente posterior a la transacción. Para los denunciantes, la forma en que se llevó a cabo la operación, auspiciada por el alcalde de Orihuela, puede ser constitutiva de un presunto delito de estafa al erario público, que habría afectado a las administraciones Central, Autonómica y Local, porque renunciar a la exención del IVA tiene como consecuencia la no tributación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y porque además se desconoce el paradero de los cerca de 23 millones del IVA. Dudosa valoración La denuncia que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela tiene una doble vertiente. En el expediente administrativo que precedió a la permuta, figura un informe del arquitecto municipal, Santiago Mínguez, en el que una de las parcelas de las que se desprendía el Ayuntamiento (2.441 metros cuadrados del casco urbano) se valoraba en un total de 90.160.245 pesetas. El técnico aplica una deducción de 25.023.934 pesetas en concepto de cargas de reparcelación y urbanización del terreno, que asumía la empresa Rucorsa, por lo que el valor final se establece en 65.136.311 pesetas. Esa valoración final, motivada y asumida en el acuerdo del pleno, no se respetó a la hora de firmar la escritura. En ese documento público se hace constar que los gastos de urbanización y reparcelación corresponden al Ayuntamiento, y no a la empresa, aunque se mantiene el valor de 65 millones. Una simple operación aritmética lleva a los denunciantes a estimar un beneficio "extra" para la mercantil superior a los 50 millones de pesetas: 25 que se le restaron del valor de la propiedad a cambio de asumir la urbanización, y otros tantos que debió invertir en las obras, posteriormente asumidas por el consistorio. Para los socialistas, el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, actuó de "forma consciente y presuntamente dolosa" en perjuicio de la administración pública, que asumió una inversión a la que no estaba obligada y vio reducido el valor de su patrimonio. El PSPV imputa por este hecho al primer edil un presunto delito que prevaricación.