El PP atribuye a Disercón las irregularidades de Dolores

Si alguien incurrió en irregularidades en la adjudicación de unas obras del Ayuntamiento de Dolores a la empresa oriolana Disercón Levante, SL, fue la mercantil. Así opinan tanto el Consistorio como la Diputación de Alicante, que ayer alejaron de ambas instituciones, gobernadas por el PP, cualquier responsabilidad en el caso que investiga de oficio el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero. El alcalde de Dolores, Antonio Ruiz Meñoro, se mostró convencido de que si el magistrado ha decidido actuar de oficio en el caso es "porque existe algún indicio de que se ha cometido un delito, y colaboraremos para que se esclarezca". Para el primer edil, el consistorio que preside "ni entra ni sale" en la investigación, ya que asegura que "la adjudicación se hizo de acuerdo con el pliego de condiciones requeridas por el Ayuntamiento. Otra cosa es que hubiera un defecto de forma en dicho pliego, lo cual sería un error que cualquier humano puede cometer", precisó. En la misma línea se expresó el presidente de la Diputación de Alicante, Julio de España, que se desmarcó tanto de la actuación de Disercón como de la del Ayuntamiento de Dolores. De España puntualizó que la institución que preside "no contrata, sino que se limita a atender la obra que le remite el Ayuntamiento de Dolores, y es éste quien adjudica las obras". De España señaló que, en el caso de que se confirmara que Disercón falsificó el documento en el que aseguraba su capacidad para contratar obras de administraciones públicas, sería "suficiente motivo para poner a esa empresa en cuarentena". Es decir, que las instituciones públicas jamás volverían a tener tratos con Disercón. "Por escrito" Por otra parte, el Grupo Socialista de la Diputación pidió ayer por escrito que se le aclare la inclusión de la mercantil en el Registro de Empresas Contratistas de la Diputación. El Ayuntamiento de Dolores adjudicó en 1997, por 39 millones de pesetas, unas obras de mejora del casco urbano a la empresa Disercón, propiedad del empresario oriolano Ángel Fenoll. La empresa no disponía de la documentación necesaria para contratar obras con administraciones públicas. La Diputación financió el 60% en virtud del Plan Provincial de Obras y Servicios. Cinco meses después de la adjudicación, el secretario municipal de Dolores hizo constar por escrito la ausencia del documento en el expediente de contratación. La mercantil remitió al consistorio una documentación que podría ser falsa o haber sido manipulada, ya que Disercón no figura en la clasificación de contratistas de obras públicas del Ministerio de Economía y Hacienda. El fiscal jefe debe ahora investigar la falsedad de dicho documento y, en caso de que concluya que la mercantil mintió, el grado de responsabilidad de Ayuntamiento y Diputación en este asunto.