Los magistrados de la Sala Segunda piden medidas contra el juez Navarro
Los 14 magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han entregado a Javier Delgado, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, una nota de solidaridad con su presidente, José Jiménez Villarejo, después de que éste presentase una protesta por las "calumniosas imputaciones y graves injurias" hacia la Sala vertidas por el juez Joaquín Navarro en un artículo publicado en El Mundo. Los magistrados se suman así a la petición de medidas contra Navarro.
El magistrado José Jiménez Villarejo estima que el juez Joaquín Navarro descalificaba en su artículo Bula de oro para un prócer a los magistrados Enrique Bacigalupo y Ramón Montero, que integran la Sala Segunda, que es la que acordó admitir a trámite la querella por posible prevaricación que presentó Sogecable contra el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. El juez Navarro relacionaba además en su artículo la admisión de la querella contra Liaño con el rechazo a la petición de llamar como imputado a Felipe González por el caso Marey, que investiga el secuestro de Segundo Marey por los GAL.Jiménez Villarejo proponía al Consejo General del Poder Judicial, en el escrito con el que ahora se han solidarizado por unanimidad los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se apliquen al juez Navarro los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial referidos a la comisión de una falta "muy grave", por intromisión en las decisiones de un -órgano jurisdiccional, y otra "grave" por falta de respeto a sus superiores. La falta muy grave puede sancionarse hasta con la expulsión de la carrera judicial.
En su artículo, el juez Navarro acusaba a los magistrados Montero y Bacigalupo de "beligerancia, desmesura y desvarío" por su decisión respecto a las polémicas actuaciones del juez Javier Gómez de Liaño en la causa que abrió contra Sogecable.
Expediente
El Consejo General del Poder Judicial, mientras, ha abierto expediente disciplinario al juez Navarro por otro artículo suyo, también publicado en el diario El Mundo, en el que acusaba al juez Baltasar Garzón de prevaricación y "cainismo".Además, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional reitera la legitimidad de las críticas a las resoluciones judiciales siempre que éstas "no incurran en frases formalmente injuriosas". El Constitucional argumenta que "conviene proteger" la acción de los tribunales "contra los ataques sin fundamento, sobre todo cuando el deber de reserva impide a los magistrados reaccionar".
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