"El PP quiere hacer ver que no hay un problema social sino de orden público"

El movimiento okupa y la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma negaron ayer en rueda de prensa cualquier vinculación con Jarrai, GRAPO, PCE (r) o "con cualquier partido político". Consideran que las acusaciones de la Jefatura Superior de Policía de Madrid "suponen un paso más en la estrategia de criminalización de los movimientos sociales dirigida por el PP".Acusan al delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, y al alcalde, José María Alvarez del Manzano, de ser los responsables de la campaña. "Hace años Álvarez del Manzano calificó públicamente de afines a HB a todas las organizaciones políticas y sociales que formaban la plataforma ciudadana que cuestionaba los tristemente famosos chirimbolos. Hace unos meses el PP identificaba con HB a la asociación de vecinos de Orcasitas", añaden.

"Con esta estrategia intentan que la sociedad crea que no hay problemas vecinales, ecológicos, laborales, de vivienda... sino problemas de orden público y que se acepte su receta para acabar con ellos: palizas y cárcel", apostillan.

La actuación policial del pasado viernes en Malasaña ha levantado duras críticas. La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), muestra su apoyo al movimiento okupa "que reivindica el derecho a una vivienda" y denuncia "la violencia policial, las detenciones indiscriminadas, los malos tratos en comisaría y la arbitrariedad en medidas jurídicas". También se manifiesta "contra cualquier violencia en la calle como forma de protesta".

Para la Asociación Libre de Abogados (ALA), "no es de recibo que se proceda a detenciones indiscriminadas como las que se han hecho". Asimismo, la Asociación contra la Tortura se propone presentar una querella contra el delegado del Gobierno, por "detenciones ilegales, malos tratos, vejaciones y torturas".

El movimiento okupa nació en Madrid hace unos diez años y ha cobrado fuerza. Mantiene contactos con asociaciones vecinales, de inmigrantes o ecologistas como Aedenat. Todos denuncian la existencia de miles de viviendas y locales vacíos y reclaman espacios donde los jóvenes puedan autogestionar iniciativas. Izquierda Unida, Nueva Izquierda y Jueces para la Democracia reclaman que se despenalice la okupación, castigada con multas, o cárcel en caso de impago, por el Código Penal.