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Las armas incautadas a ETA en Sevilla se usaron para matar al edil y a su esposa

Las pruebas balísticas confirman que dos de las pistolas encontradas en el piso que los tres liberados del comando Andalucía de la banda terrorista ETA en Sevilla fueron empleadas para asesinar al concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa el pasado 30 de enero, y que por tanto fueron dos los asesinos. Por su parte, la policía francesa detuvo ayer en Hendaya a la mujer que alquiló la furgoneta para transportar los explosivos.

Las cuatro pistolas decomisadas son del calibre 9 mm. parabellum, el mismo de los casquillos recogidos en el lugar del atentado. El análisis balístico de dos de las armas confirma la sospecha de que fueron utilizadas por dos de los tres miembros del comando detenidos el domingo para asesinar al concejal sevillano y a su mujer. En un primer momento se pensó -dado que no hubo testigos presenciales- que este asesinato fue cometido por un solo terrorista. No obstante, el informe policial realizado a partir de los casquillos recogidos en el lugar del crimen apuntó la posibilidad de que hubiesen sido percutidos por dos armas distintas. Ésta es la versión que se confirma ahora. Una quinta pistola, una Star, llevaba silenciador y fue usada para cometer en 1985 atentados en el País Vasco y Madrid.El comando Andalucía guardaba información sobre personajes de la clase alta de Sevilla, de militares y guardias civiles, así como de miembros del PP, entre ellos la alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, quien había sido objeto de seguimiento. En el piso también fueron hallados 3,3 millones de pesetas en billetes usados. La policía francesa detuvo ayer a una sexta persona relacionada con el grupo, acusada de alquilar la autocaravana en la que los terroristas trasladaban a Sevilla armas y explosivos. La detenida es Mirentxu Guimón, novia del francés Jean José Esnal, arrestado en Alcalá de Guadaira junto a David Claude Christian Gramont como responsables del traslado de al menos 240 kilos de explosivo para el comando. Mirentxu Guimón pagó con un cheque a su nombre el alquiler de la autocaravana utilizada por los compatriotas, según informaron fuentes de la investigación.

Además de los franceses, la operación desarrollada el fin de semana por la Guardia Civil se saldó con las detenciones de los conocidos activistas de la banda Mikel Azurmendi Peñagarikano, Hankas; José Luis Barrios y María Teresa Pedrosa. Todos los detenidos pasarán mañana por las dependencias de la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Manuel García-Castellón, encargado de la investigación.

El etarra Hankas ha confesado su participación en cinco asesinatos cometidos como miembro del comando Madrid: los del teniente del Ejército Miguel Peralta, el 23 de mayo de 1994; el del general Juan José Hernández Rovira, el 1 de julio siguiente, y los del general Francisco Veguillas, su chófer, Joaquín Martín Moya, y el trabajador del Ballet Clásico de Madrid César García, el 29 de julio de 1994.

Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil, afirmó ayer, a raíz de la desarticulación de los comandos Araba y Andalucía, que tan importante como la detención de sus miembros es la neutralización de su infraestructura. "Qué duda cabe que a ellos les cuesta más reestablecer la infraestructura que reclutar a tres pistoleros más".

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, insistió ayer en que "no hay atajos para el final". En su opinión, el arsenal incautado demuestra la "inequívoca voluntad de que ETA quiere seguir matando". Por eso, es "absurdo" hacer gestos de aproximación a quien no quiere dejar de matar.

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Prisión incondicional

Entretanto, el juez Javier Gómez de Liaño ordenó ayer la prisión incondicional de tres de los catorce detenidos del comando Araba de ETA que han pasado a disposición judicial: los dos liberados Aitor Bores Gutiérrez e Ignacio Crispín Garcés, así como Jesús María Huerta Fernández. Fuentes de la defensa señalaron que Altor Bores e Ignacio Crispín reconocieron ante el juez su pertenencia al grupo. Bores y Crispín estaban siendo buscados desde que escaparon en noviembre de 1997 a un control de la Guardia Civil en el alto de Urkiola (Vizcaya), donde fue detenido otro etarra. Están acusados de siete atentados sin víctimas.

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