El PSOE pide a la Xunta que afronte el "escándalo de los enchufes"

El Grupo Socialista del Parlamento de Galicia instó ayer a la Xunta a intervenir en el "escándalo de los enchufes" destapado en Ourense y Lugo, "a menos que la propia Xunta cometa delito, aunque sea por omisión" o "que les parezca bien el sistema y sean, incluido su presidente [Manuel Fraga], tan corruptos como el presidente de la Diputación de Ourense", dijo el dirigente socialista Miguel Cortizo. Para José Luis Baltar, el presidente orensano, todo obedece a una estrategia socialista contra el PP. Lo mismo opinó ayer Francisco Cacharro, presidente de la Diputación de Lugo, acusado igualmente de enchufismo en su demarcación y de presionar a la fiscalía de la Audiencia, que investiga a varios de sus alcaldes por corrupción. La Xunta y el PP no han roto su mutismo.Manuel Fraga lleva nueve días de viaje oficial por América y el secretario del PP gallego, Xosé Cuiña, aduce una afonía para soslayar todo comentario en torno a las anomalías descubiertas en Ourense y Lugo. Los enchufes en ambas diputaciones se cuentan por centenares y, en Lugo, además, el presidente, Francisco Cacharro, mantiene un pulso con la fiscalía de la Audiencia.

Cacharro envió primero una queja al fiscal general del Estado por las actuaciones de la fiscalía provincial y luego, ante los medios de comunicación, ha abundado en criticar particularmente al fiscal jefe, Jesús García Calderón, por sus métodos. Fuentes de la fiscalía han restado todo fundamento a los argumentos de Cacharro y han expresado su temor a que la actual polvareda pueda afectar "al fondo del asunto, la investigación de unos determinados casos, que es lo que nos interesa". Las mismas fuentes lamentaron no poder desmentir, como pide Cacharro, que hayan recibido amenazas. "No han sido trascendentes para los procedimientos en marcha, pero han existido", señalaron.

La sucesión de Fraga

Ayer mismo prestó declaración ante un juez de Viveiro el alcalde de O Vicedo, Isaac Prado, acusado de prevaricación y malversación de 64 millones de pesetas. "Es un juicio totalmente político", dijo a la salida del juzgado. "La gente me conoce y sabe que en este caso soy totalmente inocente".Los socialistas atribuyen la detonación de los escándalos a una "conspiración" tramada en las propias filas del PP, con la pugna por la sucesión de Fraga como telón de fondo. Baltar y Cacharro, por su parte, señalan al unísono al PSOE como inspirador de "la judicialización y difusión" de los asuntos que les afectan. "Da la impresión de que [en la sede socialista] hay una oficina de seguimiento de los acontecimientos en provincias", ironizó ayer Cacharro para responder a la portavoz socialista de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, quien la semana pasada tachó de "insólito y gravísimo" que los fiscales de sala tuvieran que salir en defensa de su jefe en Lugo.