El documento de Ardanza sobre la pacificación de Euskadi provoca la división de los partidos

El documento del lehendakari José Antonio Ardanza y, sobre todo, su difusión a través de los medios de comunicación, levantó ayer una verdadera tormenta entre los partidos políticos, que quedaron divididos en dos bandos aparentemente irreconciliables: los que muestran fuertes reticencias a cualquier posibilidad de tomarlo como medida para la pacificación de Euskadi -PSOE y PP- y quienes lo defienden con auténtico ardor o matizado entusiasmo -PNV, los demás partidos nacionalistas e Izquierda Unida-. El debate de fondo está en si el proceso de "diálogo sin límites" se puede llegar hasta la autodeterminación, saltándose el marco de la Constitución y del Estatuto vasco, que es el temor de populares y socialistas.

Ni siquiera dentro de los partidos hay unanimidad. Los socialistas afilan sus críticas de forma muy distinta. Nicolás Redondo Terreros confesaba ayer que, aun no coincidiendo con el documento, está dispuesto a tomarlo como elemento de reflexión, pero advertía que siempre el límite sería el de la Constitución. Es más o menos lo mismo que defendió Juan Manuel Eguiagaray, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Otros, si no han ido más lejos, sí han sido más rotundos. El presidente de los socialistas vascos, Txiki Benegas, señalaba que "el planteamiento de fondo del documento supone cometer un error muy serio". Benegas llegaba a calificar de "inaceptable" la propuesta de Ardanza. "Es", dijo, "un planteamiento de autodeterminación impuesto al resto del país". Enrique Múgica y Rosa Díez se pronunciaron en términos muy parecidos. Jordi Solé Tura, uno de los padres de la Constitución, apuntaba que "ni en el espíritu ni en la letra" de la Carta Magna "se admite este derecho [la autodeterminación] porque significaría una ruptura del Estado".

Nada que añadir

El presidente del Gobierno, José María Aznar, no tiene nada que añadir a lo que ya dijo en su día sobre el plan de paz elaborado por el lehendakari para encontrar una salida dialogada a la violencia terrorista. Ayer, en Londres, donde se encontraba participando en la Conferencia Europea, el jefe del Ejecutivo señalaba que ya había manifestado su posición y que, tras publicarse el texto de la propuesta, "no hay ninguna variación". Aznar no quiso "entrar en detalles" sobre la propuesta y afirmó que la "valoración la tienen que hacer en la Mesa de Ajuria Enea", aunque sí agregó que "siempre hay que salvaguardar la buena fe de las iniciativas". Pero si Aznar, al igual que hiciera el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, intentaba tranquilizar las cosas, lo cierto es que las reticencias de los populares eran muy semejantes en tono y forma a las del PSOE. También en el PP hay un rechazo a que la propuesta del lehendakari lleve al planteamiento de la autodeterminación. El presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, decía ayer que el documento de respuesta que el PP ha entregado a Ardanza difiere tanto en la forma como en el fondo" con el del lehendakari, e insistía en la necesidad de que el diálogo quede enmarcado por la Constitución y el Estatuto vasco. Jaime Mayor Oreja intentaba buscar lo positivo de la propuesta. A pesar de las discrepancias, el ministro subrayaba que el Gobierno tiene la "voluntad de seguir avanzando en el diálogo. Todo lo que avive este diálogo es ya positivo", argumentó. Más contundente fue el secretario general del Grupo Popular y ponente constitucional, Gabriel Cisneros: "No cabe hablar bajo ningún concepto de toma de decisiones sólo en el ámbito vasco, ni pretender que el resto de los partidos nacionales se limiten a avalar lo que en el seno de la familia nacionalista se acuerde". En el otro lado se situaban los partidos nacionalistas e Izquierda Unida. Iñaki Anasagasti (PNV) pedía un esfuerzo a todos los partidos políticos. "Todos debemos ceder para evitar otros 38 años de terrorismo". El diputado del PNV lamentaba que no se hubiera hecho este debate "hace 20 años, cuando se elaboró la Constitución". Las críticas de Eusko Alkartasuna (EA) no iban dirigidas al documento de Ardanza, al que Garaikoetxea calificaba de "equilibrado y difícil", sino hacia su filtración. La achacó al PP, que "así ha querido reventarlo". El presidente de EA incluyó esta filtración en "el conjunto de la estrategia de propaganda desde los medios del Gobierno para asociar euskera, nacionalismo vasco y desafueros de ETA". La filtración del documento era para el secretario general de Unidad Alavesa, Pablo Mosquera, "una cochinada". Para CiU, el documento no debe ser rechazado, es correcto legalmente e introduce mecanismos plenamente legales. El diputado de Convergència, Josep López de Lerma, añadía que coincide con el planteamiento de que el problema vasco debe resolverse desde el País Vasco. HB señalaba que serán sus militantes quienes tomen la decisión final sobre la propuesta. No obstante, en un comunicado la coalición resaltaba que es la primera vez que se acepta que la solución debe ser política. Las críticas más amargas vinieron de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que considera el plan de Ardanza "una derrota del Estado de Derecho", y del Foro de Ermua. Un portavoz de esta última asociación señalaba que el "documento, bajo apariencia viscosa, persigue dar credibilidad a ETA".